El PSC logró un gran resultado en 2019 para el presente mandato con 9 concejales de los 21 que hay en el Ayuntamiento de Calafell.
El alcalde, Ramon Ferré, quiso sin embargo asegurarse una legislatura tranquila y ofreció participar en el gobierno a la concejal de UAM, Noelia Sánchez, a la de Podem, Isabel Bou, y a la que comenzó en el PP, Maite González.
Con esos apoyos garantizados, que desde la oposición se calificaron como de comprar voluntades y votos favorables a cambio de los sueldos que han percibido las concejales, la legislatura no ha tenido sobresaltos y todas las acciones de gobierno han tenido el necesario apoyo.
El PSC argumentó la incorporación de las concejales del inicialmente PP, Podem y UAM, para un reparto de funciones por la exigencia que supondría el mandato.
Y en el gobierno no ha habido tensiones. Las riñas han sido precisamente en el PP y en Ciudadanos. La concejal popular Maite González decidió dejar el partido y a la vez el PP expulsarla. Pero se ha mantenido con su credencial y su responsabilidad en el equipo de gobierno. Ahora está en la lista electoral del PSC.
También hubo discrepancias en el seno de Ciudadanos. El concejal Javier Álvarez dejó el partido y pasó al grupo no adscrito. Al frente de la formación naranja sólo quedó José Manuel Tejedor que ya ha anunciado que no seguirá.
Turbulencias
Mientras seguían esas turbulencias el equipo de gobierno ha mantenido una estabilidad y una operatividad frente a una oposición que poco ha podido hacer frente a la mayoría que quedó configurada desde principio de legislatura. Aunque tampoco ha habido grandes tensiones.
En la oposición han estado ERC, CUP, Ciudadanos, Sumen y el concejal no adscrito ex de C’s. Ahora a las municipales de este mes concurren 11 formaciones por lo que habrá una mayor disparidad de voto y con toda probabilidad la necesidad de cerrar pactos.
La movilización vecinal en diferentes zonas ha caracterizado el final de la legislatura
El mandato se ha caracterizado por la pretensión de la transformación de Calafell motivada por el incremento de población de unas mil personas empadronadas al año, a las que hay que añadir las que no se censan en el municipio principalmente por mantener los médicos en su lugar de procedencia, básicamente el área metropolitana de Barcelona.
Una necesidad de dar el paso a ser ciudad con todos los servicios. Ello requiere inversiones que no corresponden a la competencia municipal. Las de responsabilidad del Ayuntamiento se han centrado en la adecuación urbana, la dinamización comercial para intentar atraer a visitantes todo el año y desestacionalizar las temporadas turísticas.
Vivienda
También hacer frente a la demanda de viviendas y a precios asequibles de alquiler ya que en el municipio es muy escasa esa oferta pese a la demanda. Una de las acciones destacadas es el proyecto para levantar 110 pisos de alquiler asequible que deberían comenzar a construirse en las próximas semanas.
Las grandes reivindicaciones las han generado los vecinos que reclaman más atención para sus núcleos. Segur de Calafell ha sido quien ha requerido el foco por la falta de inversiones durante décadas y las carencias de un núcleo que arrastra necesidades en servicios, urbanismo y cuidado desde hace décadas.
Por ello ahí se han centrado todos los partidos durante la legislatura y en las promesas electorales para las municipales del día 28. Y porque en Segur de Calafell reside el 25% de la población. Y eso son muchos votos, aunque muchos de los residentes no están empadronados.
Peatonalización
También los vecinos del núcleo del pueblo han requerido más atención. Una de las acciones del mandato ha sido la peatonalización del núcleo defendida por el gobierno para favorecer a su dinamismo y que los visitantes de la playa conozcan ese enclave histórico a los pies del castillo. Sin embargo el plan de movilidad implantado con restricciones de circulación ha generando y sigue haciéndolo críticas y manifestaciones.
Esa movilización ciudadana y la de las asociaciones y partidos que protestan por el proyecto de un museo del circo en el parque de la Sínia han marcado el final de mandato. El gobierno considera esas movilizaciones una orquestación política que los vecinos y entidades rechazan.
