Primera oportunidad para desbloquear la inversión estratégica de 1.100 millones de euros de Repsol en el polo petroquímico de Tarragona. El próximo miércoles 29 de enero, justo una semana después de que el Congreso de los Diputados rechazase prorrogar durante este año 2025 el gravamen extraordinario a las grandes energéticas y la banca, Repsol tiene agendada una reunión ordinaria de su Consejo de Administración en la que podrían abordarse estas inversiones.
Se trata de unos 1.500 millones de euros, de los cuales la parte más significativa son los 1.100 millones destinados a la Ecoplanta y su electrolizador asociado (que sería el más grande de España), proyectados por esta empresa energética en el polo petroquímico de Tarragona, y que habían quedado paralizados a la espera de «un marco regulador y fiscal estable».
Esos fueron los términos que, el 21 de octubre de 2024, emplearon fuentes de esta empresa para explicar la paralización de unas inversiones estratégicas para la descarbonización del polo petroquímico de Tarragona, ante la perspectiva de que el gravamen extraordinario a grandes energéticas y banca pudiese prorrogarse a 2025, según figuraba en el acuerdo del gobierno de coalición PSOE-Sumar.
«Repsol ha decidido invertir en un electrolizador en Sines (Portugal), mientras sus proyectos en España siguen en stand by, por la falta de un marco regulador y fiscal estable», aseguraron en ese momento fuentes de esta empresa energética. «Si estos proyectos finalmente caen -explicaron las mismas fuentes de Repsol-, se retrasa la indispensable descarbonización de la industria petroquímica, y se ahonda en el proceso de desindustrialización que se viene observando en España».
Tras el rechazo en el Congreso de los Diputados, el pasado 22 de enero, de prorrogar este gravamen, se despejan las dudas sobre ese «marco regulador y fiscal estable», y se allana el camino para que esa situación de bloqueo deje de tener sentido.
La primera ocasión formal para abordar el nuevo marco regulador y fiscal la tiene Repsol en la reunión que debe celebrar su Consejo de Administración el próximo miércoles 29 de enero. Se trata de una reunión ordinaria, de la que no ha trascendido el orden del día, pero en la que podrían abordarse las consecuencias (favorables a lo que ha defendido hasta ahora Repsol) de la votación del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.
De producirse ese análisis, y especialmente si se toma alguna decisión para desbloquear las inversiones, Repsol debería comunicar un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
