El Gobierno se guardaba un as en la manga que el martes no desveló el presidente Pedro Sánchez durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. Tampoco se informó de ello en los documentos que se difundieron con las medidas del tercer plan anticrisis. Así que hubo que esperar a la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayer miércoles para conocer todos los requisitos.
Finalmente, aquellos que quieran cobrar el cheque no solo tendrán que demostrar una renta familiar inferior a 27.000 euros y un patrimonio que no supere los 75.000 euros. Además, se exigirá que no estén cobrando ninguna de las prestaciones de la Seguridad Social que comenzarán el año con una revalorización del 8,5% en el caso de las pensiones contributivas, y del 15% para las no contributivas y la renta mínima. Del mismo modo, quedan excluidos del derecho a esta ayuda -independientemente de la valoración del patrimonio- las personas que hayan sido administradores de derecho de una sociedad mercantil. Frente a estas limitaciones, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió ayer que «esta ayuda lo que hace es complementar y llegar a esas familias que no se benefician de la revalorización de las pensiones, de las pensiones no contributivas, del ingreso mínimo. Familias de clase media y no trabajadora que no se benefician de esa revalorización tan importante».
A menos
Esta condición estrecha mucho más una ayuda que, en teoría, pretende llegar a unos 4,2 millones de familias, pero que con estos requisitos podría quedarse en menos y dirigirse, principalmente, a los jóvenes o ciudadanos con muy bajos ingresos y sin ningún tipo de subvención.
El cheque, que es un pago único que se ingresará en cuenta, podrá solicitarse en la Agencia Tributaria entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. El Gobierno espera que se tramite de manera «muy ágil» para que pueda cobrarse de forma inmediata. «Espero que ya empecemos a pagarlo inmediatamente. La Agencia Tributaria es muy eficiente», señaló la vicepresidenta, que reconoció que no se controlará que esta ayuda se destine a llenar la cesta de la compra. «Todos tenemos que comer. No hay que verificarlo porque se trata de una ayuda que claramente va a aliviar la situación de las familias», indicó.
La cesta de la compra Más incisivo será el Gobierno con otra de las medidas estrella del plan anticrisis. Calviño advirtió ayer que la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia (CNMC) vigilará de cerca a las cadenas de alimentación para verificar que trasladan a sus productos la bajada del IVA a los alimentos a partir del 1 de enero. «Si no, estas compañías se exponen a duras sanciones», señaló. Y en el mismo sentido se manifestó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al asegurar que «vamos a hacer un seguimiento de cómo se comportan los productos este semestre».
En este punto, insistió en que la CNMC tiene competencia para «actuar de inmediato»si en algún momento se detecta «que se produce alguna actitud no deseada» por parte de estas empresas. De momento, el Gobierno confía en las buenas prácticas del sector. Sobre todo ante una situación inflacionista que tanto daño ha provocado en el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, los expertos consideran que vigilar el cumplimiento de la medida no será nada fácil para el Ejecutivo. Los propios Técnicos de Hacienda (Gestha) reconcen que, en general, «productores, comercializadores y patronales magnifican los efectos de las bajadas del IVA para aumentar sus ventas, pero las cifras muestran que eso no es así a nivel de consumidor».
Según sus cálculos, la supresión del IVA de los alimentos básicos supondrá, si se aplica bien, un ahorro de 3,85 euros por cada 100 de compra de estos productos, entre los que se incluye el pan, la masa congelada, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales.
De su lado, la bajada del IVA al aceite desde el 10% al 5% implicará un ahorro de 1,36 euros por cada 25 euros de compra de este producto.