El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha ratificado la multa a cinco aerolíneas 'low cost' que operan en España y cobran a sus pasajeros un extra por la maleta de mano o imprimir la tarjeta de embarque. Este procedimiento se abrió en 2023 y a finales de mayo la Secretaría General de Consumo ya impuso una sanción de 150 millones de euros. Entonces, las aerolíneas recurrieron y el ministro Pablo Bustinduy ha terminado por desestimar las alegaciones y confirmar las multas, que aumentan además hasta los 179 millones de euros, según explicaron a este diario fuentes de ese departamento.
Las compañías sancionadas son Ryanair, Vueling, Norgewian, Volotea y EasyJet. Consumo considera que realizan prácticas abusivas al cobrar por imprimir la tarjeta de embarque -en el caso de Ryanair- o por subir al avión una maleta de mano al ser «derechos del pasajero». De hecho, la compañía de bajo coste de origen irlandés será la más afectada por la sanción, que en su caso asciende 107,78 millones de euros, el 60% de la multa total.
Vueling -integrada en el grupo IAG- deberá pagar una sanción de 39,26 millones de euros; Easyjet de 29,1 millones; Norgewian deberá abonar 1,6 millones; y Volotea, por su parte, 1,2 millones de euros, según confirman desde Consumo.
De esta manera, se pone fin a la investigación iniciada por la Dirección General de Consumo en 2023 sobre unas prácticas que han sido calificadas como infracciones «muy graves» de la normativa de consumo recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores.
A pesar del impacto de esta sanción en términos económicos y también de percepción social, las aerolíneas afectadas han anunciado inmediatamente que recurrirán esta medida. Según los cálculos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que considera un «sinsentido» esta decisión, alrededor de 50 millones de pasajeros viajaron el último año sin maleta en cabina, solo con equipaje bajo el asiento. Ahora tendrán que pagar «más» por su billete. Y es que desde el sector reconocen que las tarifas «subirán» si ya no pueden ofrecer la opción básica como hasta ahora.
Esta decisión no implica que automáticamente los clientes ya no tengan que soportar estas tasas. Aunque el recurso de alzada ha sido desestimado por el ministro, las aerolíneas aún pueden recurrir a la Audiencia Nacional -algo que ya han confirmado que harán de inmediato- y no aplicar la medida hasta que haya sentencia firme. Desde el Ministerio de Consumo indican que será la Audiencia Nacional con su resolución la que decida en última instancia, pero que «en el momento que se haga efectivo las aerolíneas deberán pagar la multa y estas prácticas pasarán automáticamente a estar prohibidas».
Excepción española
Las aerolíneas confirmaron tras conocer la noticia que esta decisión «no va a suponer ningún cambio» en las políticas de las compañías. El presidente de ALA, Javier Gándara, aseguró en rueda de prensa que aunque se ha agotado la vía administrativa comienza ahora la vía judicial. Además, indicó que si sale adelante esta medida las consecuencias tendrán un «impacto desproporcionado» sobre el sector aéreo y turístico español.
Gándara aseguró que si la vía judicial se agota y debe aplicarse esta normativa, España sería «una excepción» a nivel europeo, el único país donde habría que aplicar una política comercial distinta, «lo que generará una clara desventaja competitiva». «Esperamos que el sinsentido que implica esta resolución no vaya adelante por el bien del transporte y la conectividad», aseguró el presidente de ALA.
Además de las sanciones, la multa prohíbe continuar con prácticas como exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina; por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes; no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles; tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque.
