Nuevo tirón de orejas del Banco Central Europeo (BCE) a las políticas de gasto público adoptadas por los gobiernos para intentar paliar el impacto de la reciente crisis inflacionista. El organismo ha comenzado a detectar que «el apoyo público no está compensando de forma adecuada la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores con rentas más bajas».
Los datos que maneja el BCE indican que estas familias son las que han sufrido «desproporcionadamente» la subida de precios del último año. «Pese al apoyo fiscal disponible, ha crecido el número de hogares que han desahorrado, y los que disponían de ahorros limitados han sido los que más sacrificios han tenido que hacer», indica en su Boletín Económico publicado ayer.
A mayor impacto sobre el ahorro, los vulnerables también sufren más en términos de consumo y gasto, en un momento en el que la inflación ha desbaratado por completo el presupuesto de los hogares. En los de menor renta, de nuevo, se observa una mayor exposición a las subidas de los precios de bienes de primera necesidad, como la energía o los alimentos.
Es evidente que las rentas más altas lo tienen más fácil en este sentido. Como también sucede, según el organismo, con la mayor capacidad para buscar soluciones al alza de precios, al contar con un mayor acceso al crédito, la posibilidad de trabajar más horas, etc. «Por el contrario, la capacidad de la que disponen los hogares con rentas bajas para consumir menos, utilizar ahorros, acceder al crédito o negociar salarios, suele ser escasa o nula», alerta el BCE.
Bajo esta premisa del escaso impacto de las ayudas públicas en la capacidad de ahorro y gasto de las familias vulnerables, la institución recomienda de nuevo a los gobiernos afinar bien en las ayudas, especialmente aquellas que impliquen poner en riesgo las finanzas públicas de los países más endeudados. El BCE menciona los paquetes fiscales relacionados con ayudas energéticas, indicando que a medida que la crisis se desvanece, «los gobiernos deberían revertir estas medidas de apoyo rápidamente y de manera concertada» para evitar mayores presiones inflacionistas a medio plazo. En España, por ejemplo, aún sigue vigente la rebaja del IVA energético -del 21% al 5%- o la reducción sobre el impuesto especial a la electricidad, entre otras. La reprimenda de la institución monetaria llega cuando, en el caso de España, está a punto de cumplir la vigencia del actual paquete de medidas de ayuda para afrontar la escalada de la inflación, en vigor desde principios de enero hasta el 30 de junio. El Gobierno ya recordó en su momento que todas las medidas serían evaluadas para su prórroga, modificación o, en su caso, supresión.
