La Generalitat de Catalunya formalizará a lo largo de esta semana la compra de 743 viviendas destinadas al alquiler social, en lo que será su mayor operación hasta la fecha mediante el derecho de tanteo y retracto. La inversión total asciende a 71 millones de euros.
Según ha informado este lunes el Departament de Territori, dirigido por Sílvia Paneque, la adquisición se realizará a través del derecho de adquisición preferente de la administración sobre viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias. En la mayoría de los casos, las viviendas están habitadas actualmente por familias vulnerables que perdieron su propiedad pero continúan residiendo en ellas en régimen de alquiler gracias al programa Reallotgem, impulsado por la Agencia de la Vivienda de Catalunya.
A través de este programa, la Agencia asume el pago del alquiler al propietario, mientras que los inquilinos abonan una renta mensual adaptada a sus ingresos.
Los 743 pisos están repartidos por cerca de un centenar de municipios de toda Catalunya. En Barcelona se concentran 487; en Lleida, 59; en el Camp de Tarragona, 55; en Girona, 54; en la Catalunya Central, 43; en el Penedès, 34; en las Terres de l’Ebre, 6; y en el Alt Pirineu i Aran, 5.
Paneque ha destacado que esta operación garantiza a las familias la continuidad en sus hogares con los mismos contratos de alquiler actuales, evitando el riesgo de desahucio en caso de que los inmuebles hubieran sido adquiridos por grandes tenedores.
“La voluntad del Govern es aumentar el parque público de vivienda protegida, preservar el derecho al acceso a la vivienda, proteger a los inquilinos y lograr un ahorro para la Agencia de la Vivienda, que podrá destinar esos recursos a otras políticas públicas”, ha subrayado la consellera.
