El impuesto extraordinario a las energéticas no continuará más allá de este año debido a que el Gobierno de España no ha podido encontrar apoyos para aprobar su permanencia a causa del ‘no’ de Junts per Catalunya.
El Ejecutivo no habría podido llegar a un acuerdo con Junts y no cuenta con los votos necesarios, aunque sí que habría podido pactar con los socios de Gobierno un paquete fiscal que se votará próximamente. Fuentes del Ejecutivo indican al Diari que mantener el impuesto «lo hace jurídicamente insolvente por problemas de doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades».
El Ejecutivo no habría podido llegar a un acuerdo con Junts y no cuenta con los votos necesarios
Sin embargo, parece que el gravamen a la banca sí que podría mantenerse tras un acuerdo del PNV y Junts con el PSOE: la tasa se transformaría en impuesto y las haciendas forales podrían recaudarlo y rebajarlo.
Junts mantiene el ‘no’ al impuesto energético
La pasada semana, Junts per Catalunya ya mostró una firme intención de proteger las inversiones en Tarragona frente al nuevo impuesto a las energéticas propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez.
Y es que la propuesta del Gobierno español tenía tres cuestiones que suponían una clara línea roja para Junts: la primera era el riesgo para la descarbonización del polígono petroquímico de Tarragona, algo que los juntaires consideran primordial.
La formación de Puigdemont y Turull ya manifestó que no apoyaría esta medida fiscal
En segundo lugar, otro de los aspectos controvertidos entre el Ejecutivo y Junts es que el impuesto no iba a dejar de ser un aumento de la factura que pagan los ciudadanos en sus servicios básicos, pues la carga a las empresas podría haber repercutido en los bolsillos de las ciudadanas y ciudadanos.
Por último, el redactado incluía una opción en la que las empresas que quisieran desgravar debían depositar en una reserva una gran cantidad de dinero, que quedaba bloqueado y solo podía invertirse en proyectos que el Estado calificara como estratégicos. Hecho que habría restado capacidad de decisión y autonomía a la Generalitat de Catalunya para decidir sobre el devenir de su futuro industrial.