«La Seguridad Social es solvente». Así de rotundo se expresó ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su primera comparecencia ante el Congreso para explicar las líneas generales de actuación de su departamento, en la que manifestó su deseo de que antes del próximo año esté listo un nuevo índice de revalorización de las pensiones y se pueda aprobar la reforma del sistema en la segunda parte de la legislatura.
«El objetivo tiene que ser que el año que viene, cuando se actualicen las pensiones, sea ya con un marco de actualización a largo plazo», sostuvo Escrivá, quien evitó mencionar expresamente si esa subida debe hacerse según el IPC, aunque sí precisó que «se revalorizarán de forma indefinida».
En otras intervenciones recientes el ministro sí se había mostrado partidario de una subida conforme a la inflación, tal y como lo acordó el Pacto de Toledo la pasada legislatura, pero en esta ocasión no lo defendió, justo después de que Bruselas advirtiera a España del peligro de haber vuelto a vincular las pensiones con la inflación y criticara la congelación del factor de sostenibilidad.
Después de más de un mes de silencio las palabras del nuevo ministro se han alejado de los discursos catastrofistas y se han centrado en mandar un mensaje de ánimo a los once millones de pensionistas: sus prestaciones van a ser «suficientes» y el sistema va a ser «sostenible». Y también quiso dar tranquilidad a los futuros jubilados asegurándoles que sus pensiones serán «similares» a las actuales, al tiempo que quitó importancia al déficit de la Seguridad Social y al «deterioro» de la ‘hucha’ de las pensiones ya que se trata «fundamentalmente de temas contables».
Más preocupado que por las pensiones se mostró Escrivá por la elevada desigualdad que hay en España, sin parangón en otros estados europeos salvo Italia. En este sentido, señaló que es el país con la tasa de pobreza severa más alta de la UE y no le tembló la voz para criticar las políticas «muy poco eficaces» que se desarrollan para erradicar este problema. «La intervención del Estado no es muy eficaz», se lamentó.
Así, el ministro anunció que a lo largo de esta legislatura se pondrá en marcha «gradualmente» el Ingreso Mínimo Vital, una medida comprometida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
Esta renta mínima dirigida a las personas sin recursos se articulará en torno a los principios de «eficacia, flexibilidad, suficiencia y coordinación». El diseño de esta medida será especialmente novedoso, tendrá potencia redistributiva y estará basado en métricas objetivas que permitan identificar las diferentes necesidades de inclusión de las personas, avanzó el ministro, quien precisó que se tratará de un «nivel mínimo nacional» que después puede complementar cada autonomía.
