El Sindicato de Trabajadores, STR, manifiesta su gran preocupación por el anuncio de Repsol de que se está planteando llevarse a Portugal dos inversiones estratégicas previstas en Tarragona que suman un total de 1.100 millones de euros, como respuesta a la consolidación del impuesto extraordinario a la energéticas del Gobierno. Esto, sin duda, sería un duro golpe para los trabajadores de la compañía y para el tejido industrial de nuestro país.
La imposición de un impuesto extraordinario a las energéticas, una medida que contraviene las recomendaciones de la Unión Europea, ha generado un clima de inseguridad jurídica que está ahuyentando las inversiones y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.
Esta decisión, lejos de favorecer la recaudación de ingresos, está debilitando la competitividad de nuestro país y perjudicando gravemente a las comunidades locales donde se ubican las instalaciones industriales.
Jordi Margalef, Secretario de Comunicación del STR, alerta de “la posible pérdida de proyectos como éste nos preocupa mucho, pero también cómo las administraciones no están poniendo suficiente foco en lo que está pasando”. Margalef exige “una política industrial muy clara para proteger la competitividad de la industria, que es generadora de puestos de trabajo estables y de calidad”.
Las consecuencias de esta decisión se dejarán sentir de manera directa en la vida de los trabajadores de Repsol y de las demás empresas del sector, quienes ven amenazados sus empleos y el bienestar de sus familias. La pérdida de estas inversiones no solo implica la destrucción de puestos de trabajo directos, sino también de una gran cantidad de empleos indirectos en la cadena de valor.
Además, esta decisión pone de manifiesto la falta de visión de futuro que, en lugar de apostar por políticas industriales que fomenten la creación de empleo y la atracción de inversiones, y con ello una mayor recaudación de impuestos sostenible en tiempo, se está optando por medidas cortoplacistas que generan incertidumbre, desconfianza y desinversión.
Desde el STR hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que reconsideren esta política fiscal y adopten medidas urgentes para recuperar la confianza de los inversores y proteger el tejido industrial de nuestro país. Es necesario establecer un diálogo constructivo para garantizar un marco fiscal estable y competitivo que permita atraer inversiones y generar empleo de calidad.