Los desastres naturales se han convertido en una realidad y los bancos no son inmunes al riesgo. Aunque llevan años intentando mejorar sus coberturas frente a estos eventos (incluso incorporando a sus plantillas a expertos en cambio climático) la falta de estadísticas históricas y la complejidad para calcular su impacto a largo plazo complica el generar escudos eficaces frente a esta amenaza.
Ya en 2022, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó una suerte de ‘test de estrés’ para medir la exposición del sector a este tipo de eventos, ante el posible impacto sobre el flujo de crédito y las propias economías afectadas. La conclusión fue clara: el riesgo climático se ha convertido ya en un riesgo financiero con un coste que podría superar los 70.000 millones de euros para el sector.
La DANA ha devuelto el foco a lo que en el argot financiero se conoce como ‘riesgo físico’. Es decir, todo lo relacionado con fenómenos meteorológicos extremos. «Este evento ha excedido todo lo previsible; hasta ahora los supervisores estaban más centrados en los riesgos financieros de la transición ecológica, pero la DANA demuestra que debemos poner el foco en la mitigación de los riesgos físicos», explica Ángel Estrada, director de estabilidad financiera del Banco de España. Para el sector, el desafío es doble: por el coste que puede suponer la pérdida o deterioro de los inmuebles sobre los que tienen concedidas hipotecas, sumado al riesgo de impago de las familias o empresas que lo sufren.
Con ese telón de fondo, el Banco de España aspira a un mayor control sobre las tasaciones de las viviendas, para que incluyan estos riesgos medidos al milímetro, aunque pueda generar un impacto en las provisiones de los bancos. «Aquí no contamos con un histórico, pero sí hay evidencia clara de que los precios de la vivienda son más bajos en zonas inundables», indica Estrada.
La institución sí empieza a percibir cómo la banca ha comenzado a recoger los riesgos climáticos en el precio de las hipotecas. «La lógica indica que se encarecerán en zonas donde exista mayor riesgo de impago, ante las consecuencias de un posible desastre natural», apunta.
Ahora, y tras lo sucedido en Valencia, el Banco de España quiere que las entidades vayan más allá de medidas como desvelar su exposición al cambio climático. Unos cálculos que distan de la realidad por la dificultad para medirlos de forma exacta. La DANA ha reactivado el temor a un debate que lleva tiempo paralizado en Europa, en el que se plantea exigir un extra de capital a las entidades para que puedan hacerles frente. «Aún está en fase de estudio», recuerda Estrada. «¿Vamos a hacer que las viviendas con un certificado energético peor tengan un sobrecargo, cuando sus propietarios suelen ser los de menor renta?»; «¿Podemos prohibir financiar la construcción en zonas inundables?». Un ritmo lento de decisiones que contrasta con la vertiginosa velocidad a la que se han materializado los riesgos climático.ç