El Tribunal Constitucional trabaja con la posibilidad de dar vía libre al impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno este año, con el que trataba de unificar el pago del impuesto de Patrimonio ante el abanico de políticas fiscales autonómicas.
Si avala el gravamen, el Gobierno se verá con las manos liberadas para extender su aplicación sin contratiempos durante al menos otro año más, como tenía previsto.
El pleno del TC se reunirá el martes para comenzar a estudiar formalmente el recurso que había presentado la Comunidad de Madrid contra el tributo por considerar que su puesta en marcha vulneraba sus competencias autonómicas fiscales, así como los derechos fundamentales de los contribuyentes por entender que se quebraba el principio de seguridad jurídica.
Lo hará en base a la ponencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer. También lo habían impugnado Andalucía, Galicia y Murcia.
El borrador con el que trabajan los magistrados del TC mantendría la idea de que el Estado tiene potestad tributaria para aplicar este gravamen en todo el territorio de régimen común, y que no choca con las competencias regionales.
Además, considerarían que su abono no vulnera los derechos de los contribuyentes ni les discrimina. En el caso de País Vasco y Navarra, el Gobierno les cedió la regulación, gestión y recaudación de la tasa. Las diputaciones forales vascas acaban de suavizarlo para los de mayor patrimonio.
El impuesto grava el patrimonio neto de las personas físicas con una cuantía superior a los tres millones de euros. Esta figura estaba llamada a suplir el laberinto autonómico del de Patrimonio, cada vez más bonificado en las comunidades. Fue un reclamo de Moncloa a la «solidaridad de los ricos con el conjunto de la población». A la vez, suponía una armonización indirecta para evitar dumping entre territorios.
En principio, estaba pensado para ser aplicado en los ejercicios de 2023 y 2024 (con el patrimonio de 2022 y 2023). Esa era la idea del Gobierno cuando el presidente Pedro Sánchez anunció su implantación el verano pasado. Un fallo en contra del TC habría paralizado su cobro el próximo año. Pero si finalmente hay vía libre jurídica, el Ejecutivo incluso podría plantearse una implantación menos temporal y más estructural. Es decir, ampliarlo en el tiempo. Así lo insinuó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de septiembre cuando indicó que el impuesto había cumplido el «objetivo político» de garantizar la «proporcionalidad» en el pago de impuestos y no descartaba hacerlo permanente si se constataba que es la mejor vía para garantizar que todos los contribuyentes pagan lo que les toca en todo el país.
