Nueva jornada negra para Grifols en Bolsa. Sus títulos se desplomaron este martes otro 5% hasta los 10,34 euros tras comunicar a la CNMV su rechazo a la primera valoración que el fondo Brookfield ha realizado para hacerse con la empresa. Una oferta no vinculante de 6.450 millones de euros que implicaría un precio de 10,50 euros por acción (para los títulos de Clase A), similar a la cotización actual de la empresa.
La cifra cayó como un jarro de agua fría entre los independientes de Grifols. Y, tras una reunión extraordinaria celebrada hasta última hora de la tarde de ayer -en la que no intervinieron los consejeros con conflictos de interés- el Consejo de Administración comunicó a la CNMV su decisión. «Siguiendo con la recomendación del Comité de Transacciones, hemos concluido que la potencial oferta infravaloraría significativamente las perspectivas fundamentales de la Sociedad y su potencial a largo plazo», indicó la compañía. Por tanto, el consejo «no recomendaría a los accionistas de la Sociedad la aceptación de una potencial oferta al precio indicado».
Un mensaje en línea con el que horas antes lanzaba el Comité de Transacciones y que desinfla la esperanza de que la operación llegue a buen puerto. El propio fondo canadiense aseguró ayer que aunque «continúa interactuando de forma positiva» con Grifols, «en este momento no existe ningún acuerdo o decisión en relación con la potencial oferta o sobre sus eventuales términos y condiciones». «No existe ninguna garantía de que se realice una oferta sobre las acciones de Grifols«, añade en un comunicado a la CNMV.
Brookfield defiende además que la oferta implica una prima del 22% respecto a la cotización de Grifols antes de que se conociese su interés por la empresa. Un proceso que empezó antes de verano, coincidiendo con el mal momento por el que atravesaba la compañía, en medio de una grave crisis reputacional y financiera tras las acusaciones de manipulación de cuentas lanzadas por Gotham City Research. Escarceo judicial Precisamente, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham y al fondo GIP -así como a varios de sus directivos- por supuestamente trasladar información «sesgada y engañosa» al mercado, perjudicando la cotización de la empresa e incurriendo en un posible delito contra el mercado y los consumidores.
En concreto, el juez José Luis Calama considera que podría haberse cometido un delito tipificado en el Código Penal que sanciona «a quien de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas. Ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preserva el precio de cotización de un instrumento financiero».
En el caso analizado, el auto -recogido por Europa Press- recoge los mensajes publicados por Gotham entre el 8 y el 9 de enero pasados en Twitter (ahora X) donde incluía un informe sobre Grifols que concluía drásticamente que las acciones de la farmacéutica valían 0 euros. Como consecuencia de ese informe, el mismo día 9 de enero las acciones de Grifols se hundieron en Bolsa provocando un socavón de 3.814 millones de euros en su valor de mercado.
En ese mismo documento, añade el juez, Gotham informó de que es una filial de General Industrial Partners LP y que esta mantenía una posición «corta» en Grifols, superior al 0,5% del capital social. Tras la publicación del informe de Gotham la posición corta de aquella se redujo drásticamente al 0,06%.
Tal y como explica en su auto el juez, operar en «posiciones cortas», implica vender acciones de las que no se es propietario y que se han tomado en préstamo, para venderlas ventajosamente, debiendo posteriormente comprar a fin de devolver las acciones prestadas. La ganancia radica en la diferencia entre el precio de venta la acciones y el de compra de las acciones (o recompra de lo vendido). Esta operativa, indica el auto, supuso para General Industrial Partners una plusvalía superior a 9,4 millones de euros.
El magistrado considera que concurren los requisitos para investigar el delito relativa al mercado y los consumidores al tratarse «de una difusión de noticias o rumores sobre una sociedad mercantil, en este caso sobre Grifols SA, que contendría datos económicos total o parcialmente falsos con una potencialidad para alterar o preservar el precio de cotización de dicha mercantil, y, además, las pérdidas y beneficios se produjeron en el ámbito de operatividad de los datos falsos difundidos».
Las primeras diligencias que acuerda el juez consisten en requerir a la CNMV para que presente en lengua castellana todos los documentos que remitió a la Fiscalía Anticorrupción. Además, el magistrado ordena a la Policía Judicial de la Audiencia Nacional que localice los domicilios de los cinco denunciados responsables de Gotham, entre ellos Daniel Yu y Cyrus de Weck, y de GIP, así como de las dos mercantiles denunciadas.
Calama ofrece a Grifols la posibilidad de personarse como perjudicada y le requiere para que presente una copia de la demanda que interpuso por estos hechos ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, así como la ampliación de esta misma, que el magistrado ha conocido por los medios de comunicación. Además, pregunta a Grifols si ha interpuesto denuncia por estos hechos ante los organismos estadounidenses y británicos que se encargan de supervisar los mercados de valores y financieros en estos países.