El 25% de los trabajadores amparados por un convenio colectivo, casi 800.000 personas, contaba en mayo con una cláusula de garantía salarial que se activará en caso de que la inflación media de 2022 se sitúe por encima de la subida de sueldo ejecutada este año.
Estas cláusulas, que buscan evitar que los sueldos pierdan poder adquisitivo, son recogidas, no obstante, sólo en casi 400 convenios, el 15% de los que tienen efectos económicos conocidos y registrados hasta mayo de este año.
La estadística de convenios colectivos que publica el Ministerio de Trabajo muestra que a 31 de mayo había 2.095 convenios registrados, de los que 393 contaban con una cláusula de garantía, el 75% de ellas con efectos retroactivos.
En total son 4,7 millones los trabajadores amparados en España por un convenio colectivo, de los que 799.078 contaban en el suyo con las citadas cláusulas, casi la mitad de ellas con efectos retroactivos.
Industria y servicios, los más beneficiados
La industria y los servicios son los sectores en los que se concentra la presencia de estas cláusulas. Así, 424.715 trabajadores de la industria están amparados por 209 convenios con cláusula de garantía, seguidos por los 333.924 empleados del sector servicios bajo 175 acuerdos colectivos.
Este impacto de las cláusulas de garantía salarial en los convenios ha sido mayor este año que el pasado, ya que hasta mayo de 2021 las recogían el 18% de los acuerdos colectivos que amparaban al 17% de los trabajadores.
De hecho, la tasa de convenios colectivos que incluyen garantía salarial ha ido evolucionando en los últimos meses, al calor de la inflación que ya cerró 2021 en el 6,5% pero que se disparó en 2022 llegando a situarse en el 10,2%, según el dato de junio adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, mientras que los convenios colectivos con cláusula beneficiaban al 15,6 % de los trabajadores a cierre de 2021, esta tasa se disparó al 30 % en enero, tal y como destacó entonces el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El gobernador alertó de que un «incremento o generalización» de las llamadas cláusulas de salvaguarda supondría «elevar significativamente el riesgo de que se materializara» la espiral inflacionista dando lugar a un efecto de segunda ronda.
No obstante, esta tasa sería superior al 30% en la actualidad, según el adjunto a la secretaría de Acción Sindical de CCOO, Raúl Olmos, ya que hay un decalaje en los datos que en los próximos meses mostrarán una aceleración.
También revelarán previsiblemente inaplicaciones y descuelgues salariales, sobre todo en los sectores que se dedican a la contratación pública, que suelen ser intensivos en mano de obra y cuyos precios no se actualizan con la inflación.
El gobierno recupera el pacto de rentas
También afectó a esa incorporación de cláusulas en los convenios la evolución de la negociación entre patronal y sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo marco salarial para este año, algo que no fue posible, precisamente, por la citada cláusula.
Mientras que para los sindicatos era indispensable que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) recogiera una cláusula que impidiera que los trabajadores perdieran poder adquisitivo, para la patronal era inasumible en la actual situación.
Por ello, aunque estuvieron negociando durante el primer trimestre con la cláusula encima de la mesa, dieron por rotas las negociaciones sin cerrar el pacto el pasado mes de abril, lo que ha llevado a los sindicatos a iniciar movilizaciones ante la sede de las patronales y a avisar de una mayor conflictividad laboral.
Desde el Gobierno, se ha retomado esta semana la intención de alcanzar un pacto de rentas para contener la inflación, algo que se planteó hace unos meses pero que quedó circunscrito únicamente al acuerdo salarial fracasado.
En esta ocasión, tal y como explicó esta semana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pacto podría ir acompañado de alguna medida por parte del Gobierno, entre otras, una subida del salario mínimo interprofesional (SMI)