El pasado 10 de mayo, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME firmaron con los sindicatos CCOO y UGT el quinto Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2023-2025, que fija las bases para la negociación de los convenios colectivos de los próximos años.
Entre todos los puntos que contempla este acuerdo, destaca la recomendación para una subida salarial de al menos un 10% hasta 2025 (un 4% en 2023 y un 3%, consecutivamente, en 2024 y 2025), pensada para amortiguar, de forma escalonada, la notable pérdida de poder adquisitivo de los asalariados durante el tramo final de 2021 y todo el año 2022.
«Es un acuerdo equilibrado y fácilmente asumible en la negociación colectiva»
Javier Ibars (Foment del Treball Nacional)
Tras registrar tasas de crecimiento negativas durante los momentos más duros de la pandemia de Covid-19 en el año 2020, el Índice de Precios de Consumo (IPC) asistió a una escalada, desde mediados de 2021, que en Catalunya le llevó a incrementos interanuales de dos dígitos en julio (10,3%) y agosto (10,2%) de 2022. Una pérdida de poder de compra que, en muchos casos, no han compensado las últimas revisiones salariales.
De hecho, frente a una inflación media anual del 8,4% en España durante el año 2022 (que en el conjunto de Catalunya fue del 8% y en la demarcación de Tarragona del 8,7%), los salarios medios aumentaron en una medida mucho menor.
En el año 2022, el salario medio bruto de los empleados españoles se situó en 24.269 euros, el de los mandos intermedios en 44.778 euros y el de los directivos en 85.531 euros, lo que representa un aumento de un 3,71%, un 5,99% y un 3,4%, respectivamente, en comparación con 2021, según la decimosexta edición del informe Evolución Salarial 2007-2022, elaborado por la consultora ICSA Grupo y EADA Business School.
«Si una empresa no puede aguantar una subida de salarios, entonces tiene un problema»
Joan Llort (UGT)
Se trata de la primera vez, en las 16 ediciones de este informe, en que los salarios suben en todas las categorías sin excepción, aunque la inflación registrada en 2022, que con ese 8,4% de media en España alcanzó la tasa más elevada de los últimos 35 años, deja sin apenas efecto estas mejoras salariales.
Un acuerdo equilibrado
El acuerdo entre los agentes sociales alcanzado hace escasos días debería permitir reconducir esta situación. Javier Ibars, director de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball Nacional, organización adscrita a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), asegura que «la primera valoración [de este acuerdo] es positiva, porque no ha sido fácil, en un contexto complejo con escenarios bélicos, incrementos de los costes de producción costes laborales... creemos que garantizará la paz social en los próximos años y proporcionará estabilidad económica».
«Entiendo -prosigue Javier Ibars- que es un acuerdo equilibrado y fácilmente asumible en la negociación colectiva, con incrementos salariales que, con carácter general, pueden ser asumibles para todos los sectores».
Y, pese a que los puntos contenidos en este acuerdo son simplemente recomendaciones para encarar esas futuras negociaciones colectivas, desde esta organización empresarial le reconocen «cierto carácter de obligatoriedad», en tanto que se trata de una referencia de partida para encararlas.
«De hecho -destaca Javier Ibars-, hay muchos convenios colectivos que ya se habían cerrado antes de alcanzar este acuerdo y que están en línea con estas recomendaciones. Entiendo que ahora, lo que conseguirá es desbloquear situaciones de conflicto, con una guía y unas recomendaciones que facilitarán los acuerdos».
La inflación registrada en España en 2022 alcanzó la tasa más elevada en 35 años
Desde el sindicato UGT, su secretario general en el Camp de Tarragona, Joan Llort, coincide en que «son recomendaciones que se hacen para trasladar a los convenios, pero es un acuerdo de mínimos. Tenemos unos 1.500 convenios colectivos en todo el Estado bloqueados, y esto permitirá desbloquearlos».
No es el caso de «los grandes convenios de nuestra demarcación -prosigue Joan Llort-, como el de la Química, el Metal o la Construcción, que ya se han negociado y están por encima de esos mínimos». Este representante sindical coincide en que el acuerdo alcanzado despeja el riesgo de conflictividad laboral: «Por ahora no se prevén conflictos, porque si antes podías encontrarte con negociaciones de convenios en los que la patronal salía de muy abajo, con incrementos salariales del 0,5% o del 1%, salir ahora de un 4% es muy distinto. Por ser un acuerdo de mínimos, es un buen acuerdo».
«La parte salarial -destaca Joan Llort-, en una empresa estará alrededor de un 10% o un 12% de sus costes. Si no puede aguantar una subida de salarios, entonces la empresa tiene un problema».
Mercè Puig, secretaria general de CCOO en el Camp de Tarragona, se muestra algo menos confiada: «Aunque en los sectores en los que teníamos más problemas hemos podido cerrar convenios, el riesgo de conflictividad aún existe. Estas recomendaciones están ligadas con el momento de los trabajadores, porque al final quien va a comprar, quien gasta y quien no llega a final de mes es el trabajador. ¿Que habrá lugares en los que seguramente tendremos que ir al conflicto? No lo descartamos».
«El beneficio bruto de las pymes y autónomos en 2022 fue de un 6%, por debajo del incremento del IPC»
Jordi Ciuraneta (Pimec)
«Lo que hace este acuerdo -destaca Mercè Puig- es solo compensar la inflación que ha habido en 2022, que ha sido un año en el que las subidas salariales quedaron un poco en stand by. En 2023 no llegaremos a compensar el 100% de lo que la gente ha perdido en 2022, pero si se puede compensar en tres años nos acercaremos al objetivo de que la clase trabajadora sufra lo mínimo».
Recuperación en diferido
Antonio Terceño, catedrático de Economía Financiera y decano de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili (URV), coincide en que «el acuerdo llega ahora, pero los salarios han perdido capacidad competitiva y no se recuperan con esto. Lo que ahora se ha pactado, si se aplica con efectos retroactivos desde el 1 de enero, podrá equilibrar la inflación de 2023 pero la pérdida de 2022 difícilmente se recuperará, a no ser que en 2024 y 2025 la inflación sea de un 2% y esa pérdida de 2022 se recupere de forma diferida».
Además, recuerda que el acuerdo «es solo un consejo, no es una obligación, aunque es obvio que se trata de una iniciativa que incide mucho en las negociaciones: es un punto de partida, y la incidencia será importante».
Sobre los porcentajes de subidas salariales propuestos, este catedrático de Economía Financiera piensa que «es suficientemente razonable como para que una subida de la inflación de segunda ronda no se produzca por los salarios».
El temor de entrar en una espiral inflacionista donde el aumento de los costes tenga un impacto en los precios, haciendo que eso de nuevo incremente los costes, y así sucesivamente, es algo que está muy presente entre quienes establecen las políticas económicas. En el caso de este acuerdo, «parece que la inflación se ha controlado más -analiza Antonio Terceño- y el pacto está ajustado a las condiciones».
«Un dato está claro: los beneficios empresariales -asegura Antonio Terceño- han subido muy por encima de los salarios nominales y reales, por lo menos en las empresas grandes. En empresas pequeñas concretas, se tendría que analizar caso por caso. Pero es un pacto razonable y asumible».
El acuerdo alcanzado por los agentes sociales para subir salarios es solo una recomendación
Jordi Ciuraneta, presidente de la patronal Pimec en Tarragona, una organización que no ha formado parte de este acuerdo estatal, explica que «siempre hemos defendido que los sueldos estén al nivel de las necesidades de la gente, y entendemos que esta subida de un 10% de los salarios hasta 2025 es un acuerdo positivo, pero esas subidas deberían estar ligadas también a la productividad, y no solo hablamos de productividad laboral, sino de aquellas cosas que a las empresas nos hacen ser más o menos productivas».
En este punto, Jordi Ciuraneta destaca que «no es lo mismo los márgenes de beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas que los de las grandes empresas, y no podemos ser ajenos al pacto acordado, pero este año en España se han cerrado 26.000 pequeñas empresas, y el beneficio bruto de las pymes y autónomos en 2022 fue de un 6%, por debajo del incremento del IPC. Hay una gran diferencia, y solo hay que ver cómo remunera a sus altos cargos una gran empresa y cómo lo hace una pequeña empresa».
«Por eso -prosigue Ciuraneta- no hemos de dejar de reivindicar que como organización de micro, pequeñas y medianas empresas, a nivel estatal tenemos voz pero no voto. El hecho de que compartamos el 50% de la representatividad de las empresas en Catalunya y después, entre comillas, estemos silenciados en estos acuerdos cuando la mayoría del tejido productivo son pymes, es algo que es importante manifestar».
«El riesgo de conflictividad aún existe, no lo descartamos»
Mercè Puig (CCOO)
Sobre las diferencias en la capacidad retributiva de sus trabajadores según el tamaño de la empresa, si bien es cierto que los directivos de una gran empresa tienen remuneraciones notablemente más altas que los de una pequeña empresa (110.561 euros brutos al año en la gran empresa, frente a 68.891 euros en la pequeña empresa, según el informe Evolución Salarial 2007-2022 de ICSA Grupo y EADA Business School), la pequeña empresa fue la que hizo un mayor esfuerzo en 2022 para subir esos sueldos.
Frente a un incremento salarial del 6,21% en 2022 para los directivos de pequeñas empresas, las medianas empresas aumentaron los sueldos de sus directivos en España, de media, un 5,02%, mientras que las grandes empresas lo hicieron en una proporción del 2,04%.
La dinámica se repite entre los mandos intermedios, donde la pequeña empresa, con un salario bruto anual medio de 38.937 euros, subió el año pasado los sueldos en esta categoría laboral un 6,94% respecto a 2021, seguida por la mediana empresa (47.376 euros brutos al año y un incremento del 5,30%) y la gran empresa (53.504 euros brutos anuales y una subida interanual del 1,66%).
«Un dato está claro: los beneficios empresariales han subido muy por encima de los salarios nominales y reales»
Antonio Terceño (URV)
Cuando se observa la categoría de empleados, sin embargo, la situación se invierte, y son las grandes empresas las que en 2022 protagonizaron las mayores subidas salariales, con una retribución bruta anual de 27.504 euros y un incremento de sueldo del 6,01%, frente a los 21.097 euros y un incremento salarial del 3,54% de la pequeña empresa. A la cola de los incrementos se sitúa la mediana empresa, con un salario medio bruto para sus empleados de 25.116 euros al año y un incremento interanual del 1,27%.
Para Antonio Terceño, la clave está en ir más allá del porcentaje. Pese a estos incrementos salariales y los que se proponen en el acuerdo que se acaba de firmar entre los agentes sociales, «¿puede haber gente con problemas?», se pregunta este economista. «La respuesta es que sí -prosigue-, porque uno de los problemas es que son incrementos salariales en términos porcentuales, y eso no equilibrará, por ejemplo los problemas de familias con salarios bajos que tengan un incremento de la hipoteca».
«Sigue habiendo -añade Antonio Terceño- un problema con los salarios bajos, y por eso soy muy partidario de la subida de los salarios mínimos, donde con la última subida surgieron algunas voces que parecía que se acabase el mundo, pero el mundo no se ha acabado, igual que tampoco ha habido el desastre que algunos anunciaban con la reforma laboral».