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De Fiat, Google y Eni a Ferrovial: así atrae Países Bajos a grandes compañías

La inexistencia de recargos a los beneficios del extranjero y la «gran certeza» tributaria convencen a las firmas y provocan el recelo de otros socios de la UE

12 marzo 2023 12:02 | Actualizado a 12 marzo 2023 12:03
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El anuncio de que la constructora Ferrovial trasladará su sede fiscal a Países Bajos desató las críticas del Gobierno español. La empresa apuntó que la decisión tiene que ver con que la mayor parte de su negocio se encuentra en el extranjero, y con su intención de potenciar su internacionalización. Lo cierto es que la compañía se muda a un país con una fiscalidad más favorable, siguiendo el camino que abrieron gigantes como Fiat, Google, la petrolera italiana Eni y varias farmacéuticas estadounidenses.

Pero, ¿qué tiene el sistema fiscal neerlandés para atraer a las grandes empresas? «Hasta 2021, la falta de retención de impuestos sobre intereses y ‘royalties’ resultaba muy atractiva para las compañías», explica el profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de Tilburgo, el neerlandés Arjan Lejour. Esta situación favorecía la elusión de impuestos a través del denominado ‘sándwich holandés’. La compañía en cuestión crea una empresa pantalla en Países Bajos –sin empleados ni actividad–, y, a través de ella, canaliza los ingresos logrados en otros países europeos, para después trasladarlos a un paraíso fiscal.

Países Bajos no impone recargos a los beneficios logrados en el extranjero, lo que facilita ese flujo de dinero y supone una gran ventaja para las compañías (en España estos ingresos tienen un recargo del 5%). En el caso del impuesto de Sociedades, pese a que el tipo general ronda el 25% en ambos Estados, los primeros 200.000 euros de ingresos tributan al 19% en Países Bajos.

Pero el principal atractivo del sistema neerlandés consiste en la «gran certeza fiscal». «Los impuestos de retención bajos o insignificantes sobre los dividendos también son importantes, junto con la posibilidad de tener resoluciones fiscales por adelantado», apunta Lejour. El país cuenta además con acuerdos fiscales privados con otras regiones que, en la práctica, reducen la presión fiscal.

España, en cambio, forma parte del grupo de grandes economías europeas donde las empresas realizan un mayor esfuerzo fiscal. Las nuevas figuras tributarias introducidas en los últimos cinco años y la subida de los gravámenes han convertido al país en la quinta economía más desfavorable del continente para la actividad empresarial, según el ‘Informe sobre Competitividad Fiscal 2022’, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos. Solo Francia, Italia, Portugal e Irlanda tienen peores condiciones tributarias. En 2019, países como Reino Unido, Alemania y Francia dejaron de ingresar miles de millones de euros, que fueron a parar a Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, entre otros, por contar con reglas fiscales más beneficiosas para las empresas. Ese mismo año, España perdió 21.100 millones en ingresos impositivos empresariales, según datos de la Oficina de Investigaciones Económicas de Estados Unidos.

Un tipo impositivo común

La evasión de impuestos cuesta cerca de 50.000 millones de euros al año a los Estados miembros. Según Lejour, esto es posible gracias a las directivas comunitarias, que han abolido las retenciones fiscales entre los países de la UE. «Las multinacionales las usan indebidamente para evadir impuestos», critica. Existen diferentes fórmulas para evitar este tipo de actividades ilícitas. Una solución pasaría por «acordar» entre los Veintisiete una retención de impuestos común en el bloque para los flujos de dinero hacia otros países. Otra posibilidad, apunta, sería lograr un acuerdo para un impuesto de Sociedades europeo para las grandes corporaciones. Los Estados miembros acordaron en diciembre la imposición de un tipo mínimo general del 15% para el impuesto de Sociedades a las grandes empresas, y esta misma semana, el Gobierno comenzó los trámites para incorporarlo a la legislación española. En total, 137 países aplicarán esta normativa, que afectará a las compañías con ingresos financieros superiores a los 750 millones al año.

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