La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tuvo conocimiento de la existencia de dos talleres que, de manera ilegal, reparaban e incluso efectuaban el mantenimiento de embarcaciones náuticas y vehículos.
Los agentes pudieron localizarlos. Uno de ellos estaba ubicado en una granja que, en apariencia, estaba abandonada, en el término municipal de Deltebre y otro en el interior de la planta baja de un edificio del núcleo urbano de Amposta.
Una vez ubicados, agentes especializados se personaron en los talleres, comprobando que en Deltebre, en el interior de las instalaciones, había unas 50 embarcaciones para reparación y mantenimiento y, al parecer, la actividad se intentaba enmascarar como sociedad de usuarios para la guarda de embarcaciones.
En dicho lugar, se hallaron gran cantidad de residuos sin gestionar como baterías, neumáticos, aceites, pinturas, disolventes y material de reparación y mantenimiento náutico, contraviniendo diferente legislación en materia de residuos y careciendo de licencia de actividad.
Respecto al taller de Amposta, los agentes comprobaron que en el interior había numerosos vehículos, así como maquinaria industrial, repuestos y herramientas específicas de la actividad. En el local encontraron baterías y neumáticos usados y numerosos restos de aceite. La mayoría de estos residuos tienen la calificación de peligrosos. Igual que en el caso de Deltebre, el taller carecía de licencia de actividad municipal.
Los hechos dieron lugar a trece actas-denuncia por infracción administrativa, relacionadas con residuos, seguridad industrial y documentación necesaria para el desarrollo de la actividad, así como infracciones tributarias y obligaciones derivadas de la seguridad social, ya que la normativa obliga a los establecimientos dedicados a este tipo de labores, a disponer de licencias tanto de actividad como de carácter ambiental, debiendo a su vez encontrarse de alta como productores de residuos y tener suscritos contratos con empresas que se dediquen a la correcta gestión de los mismos.
Las denuncias, que podrían alcanzar hasta los 300.000 euros, se han trasladado a ambos Ayuntamientos, así como al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals y al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.