El Ayuntamiento de Vila-seca llevará de nuevo a la Generalitat a los tribunales por la «infrafinanciación» que, denuncia, viene arrastrando en materia de servicios sociales. El consistorio aprobó a finales de 2022 el Contracte Programa con el departamento de Drets Socials para compartir la financiación de una parte del paquete de servicios que ofrece el municipio.
Un convenio con vigencia para el período 2022-2025, que establece una aportación de 500.000 euros anuales por parte de la Generalitat para sufragar diferentes proyectos de bienestar social. Una cantidad que desde el principio Vila-seca consideró «insuficiente» para cubrir el 66% del coste de estos servicios, tal y como establece la ley y que ahora reclamará mediante un recurso contencioso-administrativo.
«Se toma esta decisión por el silencio ante los requerimientos que se habían hecho por la deuda pendiente con Vila-seca y por un contrato programa que no se adecúa a la población que tenemos», explica el alcalde, Pere Segura, sobre el nuevo paso que ha dado el Ayuntamiento para reclamar que la Generalitat incremente la dotación al Contracte Programa que tiene suscrito con Vila-seca.
En su argumentario, Vila-seca considera que la Generalitat incumple con «su obligación legal de aportar para los servicios sociales básicos una financiación no inferior, en ningún caso, al 66% del coste de los equipos, programas y proyectos» que ofrece el municipio. Asimismo, denuncia que existe «una discriminación» en la financiación que otorga en comparación con municipios de características demográficas y socioeconómicas equiparables.
Tras mucho tiempo de reclamarlo, el consistorio aprobaba el Contracte Programa con el departamento de Drets Socials en septiembre de 2022. Sin embargo, ya advertía entonces que la financiación no era suficiente y se reservaba la posibilidad de tomar acciones legales para reclamar una aportación mayor. Dos meses más tarde, aprobada por pleno, mandaba una reclamación a la comisión de evaluación y seguimiento del Contracte Programa. En mayo de 2023, el gobierno local volvía a la carga y pedía la convocatoria de esta comisión para exigir una respuesta a sus demandas.
«Denegación por silencio»
Sin embargo, desde el gobierno local denuncian ahora que no han obtenido ninguna respuesta por parte de la Generalitat y que presentarán un recurso a la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Jusítica de Catalunya (TSJCat) por lo que califican como una «denegación por silencio o inactividad de la Generalitat de Catalunya de la reclamación formulada».
No es la primera vez que el Ayuntamiento denuncia la falta de recursos por parte de la Generalitat para la gestión de los servicios sociales. En verano de 2021, ya interpuso un contencioso-administrativo ante el TSJCat y que amplió también al Consell Comarcal del Tarragonès.
En ese caso, el consistorio tomó la decisión después de dos años sin disponer de contrato programa para la financiación de los servicios sociales, que asumió de facto en 2020, tal y como deben hacer los municipios de más de 20.000 habitantes –hasta entonces los gestionaba el Consell Comarcal–, y oficialmente el 1 de enero de 2021. Aunque ya disponga de contrato programa, este recurso continúa su tramitación en paralelo al que abrirá ahora y todavía está pendiente de resolución.
Primer año de la nueva sede
El Ayuntamiento de Vila-seca asumió desde el 1 de enero de 2021 la gestión de los servicios sociales del municipio, tal y como establece la ley para municipios de más de 20.000 habitantes. Hasta entonces, el consistorio tenía delegadas estas competencias en el Consell Comarcal del Tarragonès. Una vez asumida la prestación de estos servicios, el consistorio también trasladó las oficinas desde donde los atiende, que desde febrero de 2023 se encuentran en un local de la calle Major. Tras dos ejercicios teniendo que asumir la totalidad del presupuesto, el Ayuntamiento aprobaba a finales de 2022 el Contracte Programa con la Generalitat para la financiación de parte de los recursos que brinda.
