El Ayuntamiento de Vila-seca se ha plantado con el Departament de Drets Socials de la Generalitat y ha interpuesto un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), sala competente para resolver este recurso.
La decisión tomada este verano por la administración local viene dada por el silencio administrativo que durante dos años está haciendo la Generalitat para sentar las bases de un Contrato Programa propio y así poder gestionar los servicios sociales del municipio como establece la ley. El artículo 59 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials remarca que la Generalitat debe financiar el sistema público de servicios sociales con aportaciones de los presupuestos propios del ente autonómico.
La proporción que debe destinar a cada ciudad se establece con la elaboración de los contrato programas, una hoja de ruta donde se especifica los servicios que se dan en cada ciudad y qué aportación económica por cada uno debe aportar el municipio y la Generalitat.
A partir de los 20.000 censados
Vila-seca, con más de 22.000 personas empadronadas debe asumir esta área y por ello se desvinculó del Consell Comarcal, órgano que gestiona la ayuda a los municipios más pequeños, en 2019. Aquel año el actual Departament de Drets Socials (anteriormente de Treball, Afers Socials i Famílies) se comprometió a celebrar una serie de reuniones para establecer este Contrato Programa propio. Así, el Ayuntamiento y la Generalitat se sentaron a negociar, una vez concluía la vinculación con el Consell Comarcal desde 2016.
El consistorio ha estado negociando sin éxito desde 2019 este acuerdo bilateral hasta que se ha plantadoDurante estos dos años, las reuniones no han llegado nunca a ningún acuerdo y el Contrato Programa que vencía en 2019 se ha ido prorrogando año tras año, pero con la matización de que el dinero del Consell Comarcal ya no entró en 2020 y los recursos municipales hacían frente a todas las situaciones, acentuadas por la Covid-19.
Prórroga para 2020 y 2021
Oficialmente, desde el 1 de enero, la ciudad gestiona esta macro área que en cifras redondeadas supone una partida de unos tres millones de euros entre personal y ayudas, e implementación de diferentes programas. La falta de acuerdo para definir el Contrato Programa es lo que ha llevado al Ayuntamiento a presentar el recurso en la sala del TSJC.
«Llevamos dos años intentando establecer un Programa Contrato propio sin lograrlo. Por ello se ha tomado la decisión de ir a los tribunales», admite la concejala del área, Lucía Teruel.
El contencioso no impide que la próxima semana se retomen las negociaciones entre las dos administraciones, pero Vila-seca no quiere que cada encuentro solo sea una formalidad y carezca de compromiso.
«Seguiremos hablando, pero no retiraremos el recurso porque hay que llegar a un acuerdo», dice Lucía Teruel (concejala de Acció Social de Vila-seca)«El recurso contencioso administrativo seguirá su curso al margen de las reuniones que hagamos. Debemos llegar a un acuerdo», remarca Teruel. Actualmente, el Ayuntamiento asume el área en su totalidad: personal, prestaciones… y quiere que la Generalitat asuma su parte tal y como establece la ley.
La cantidad que debe aportar el departamento que preside la consellera Violant Cervera viene definido por cada Programa Contrato. Sin cifras exactas, se estima que la proporción es de un tercio de recursos municipales y el resto la Generalitat. Así, de los tres millones que se aportaron en 2020, dos deberían venir mediante financiación autonómica.
La concejala Teruel admite que la situación de «silencio administrativo» de Vila-seca no es un hecho aislado. En toda Catalunya los contratos programas que hay establecidos desde 2019 se han prorrogado. La diferencia de Vila-seca con otras ciudades de más de 20.000 habitantes es que las otras tenían su Contrato Programa firmado y por tanto solo es cuestión de actualizar la financiación y en el caso de Vila-seca, no existe este documento marco, por lo que los recursos desde hace meses solo salen de las arcas municipales.
