2025 abre un futuro incierto para el sector de los apartamentos turísticos, marcado por la recién aprobada regulación de registro único. A esto se suma el profundo malestar del gremio respecto al Decreto 03/2023 de la Generalitat que supondrá la retirada de miles de licencias en Catalunya. En 2028, dicha medida, considerada injusta por los arrendadores, dejará municipios de la Costa Daurada (como Salou y Mont-roig del Camp) con menos de la mitad de sus alquileres turísticos.
Este 2 de enero, entró en vigor por Real Decreto la nueva regulación estatal de los alquileres turísticos, que establece un sistema de registro único de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) vía plataformas online. La normativa aparece como medida de control contra los pisos ilegales. Cabe destacar que, a efectos prácticos, las medidas no serán efectivas hasta el 1 de julio.
El Director de la Cátedra de Vivienda de la URV, Héctor Simón, considera que el nuevo reglamento presenta claroscuros. Sobre el papel, el registro único ayudará a frenar el aumento de alquileres no regularizados y garantizará una mayor transparencia en el sector. Sin embargo, Simón advierte que este nuevo proceso de control puede incrementar considerablemente los trámites burocráticos y, por consiguiente, desincentivar a muchos propietarios.
En esta línea aparece la disconformidad de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre. Como argumenta su presidente, Joan Calvet, se les está «imponiendo una doble regulación», pues les supone una «molestia» que el gobierno central aplique un registro único cuando ya existe uno autonómico (el trámite será ‘duplicado’). Pese a esta «invasión de competencias», desde la Asociación denuncian que «no se inspecciona suficiente» la actividad ilegal en el sector, que aseguran que está al alza en la demarcación. Calvet concluye que los departamentos jurídicos de la Asociación aún están estudiando el nuevo Decreto.
El nuevo sistema de registro único hace referencia y regulará únicamente los alquileres que se publican en plataformas en línea
Simón analiza que hay «brechas» en el Decreto: solo afecta a alquileres publicitados en línea, por tanto, el resto queda fuera de las normas de registro: «hecha la ley, hecha la trampa; los ilegales encontrarán vías para saltarse el trámite fácilmente, anunciándose fuera de internet». No obstante, el académico confía en que se podrán reducir los pisos no regulados, siempre que no haya muchas trabas burocráticas.
La gran incógnita en el futuro del sector es el Decreto 03/2023. A grandes rasgos, en 2028 la Generalitat retirará un considerable número de licencias de alojamientos turísticos, ya que considera que estos causan «efectos negativos directos sobre la dimensión del mercado de alquiler permanente y habitual. La normativa establece que solo se concederán 10 licencias por cada 100 habitantes.
93 millones reclamados
La patronal de gestores de apartamentos de la provincia de Tarragona reclama 93 millones de euros a la Generalitat, la cifra que atribuye a las pérdidas a raíz de la aplicación del decreto y la «supresión» de licencias. En toda Catalunya la cifra se eleva a 5.234 millones de euros. «Es una expropiación encubierta, nos quieren eliminar», denuncia Calvet. Esgrimie que el sector genera más de 6.000 puestos de trabajo directos en la provincia y registra más de dos millones de pernoctaciones anuales. La entidad ya presentó un recurso al Tribunal Constitucional.
«En políticas de vivienda siempre pesa más la ideología que la evidencia científica y académica»
Héctor Simón, Director de la Cátedra de Vivienda de la URV
Simón valora que las medidas del decreto están «injustificadas». El académico, que defendió su postura en la comisión parlamentaria responsable de la normativa, valora que el estudio de impacto es demasiado «relativo», pues está centrado únicamente en Barcelona. «Se debe demostrar y comprobar el impacto negativo en cada caso concreto, no se pueden poner a 266 municipios en el mismo saco», plantea. «El decreto no se adapta a la idiosincrasia de cada municipio», añadiendo que no hay muchas evidencias que en Tarragona las VUT sean tan problemáticas como en Barcelona o en la Costa Brava.
Simón es claro: «En políticas de vivienda siempre pesa más la ideología que la evidencia científica y académica».
Salou y Mont-roig perderían el 50% de sus pisos turísticos
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Salou sería el municipio más afectado de toda Catalunya para alcanzar la ratio máxima de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes. Con una cifra total por encima de los 7.000 pisos turísticos, tiene unas 24 viviendas por cada 100 habitantes, con lo que deberá ‘purgar’ cerca de 4.000 licencias (un 59%).
La regulación también afectaría considerablemente a Mont-roig del Camp, que debería recortar unos 1.700 (un 57%), mientras Cambrils perdería solo unos 250 (sobre el 7%). Cabe añadir que estas cifras, a escala porcentual, están lejos de puntos de la Costa Brava, como El Port de la Selva o Cadaqués, donde la retirada superaría el 70% de las licencias.
