El Ayuntamiento de Salou ha reactivado la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras para los próximos doce años. Después de que el pasado mes de abril ordenara la suspensión del procedimiento, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimado ahora los dos recursos que había interpuestos contra el pliego de cláusulas y ha dado luz verde para que se reanude el concurso público. Ayer mismo, se abrió el segundo sobre con las ofertas técnicas de las dos empresas que optan a la concesión y el Ayuntamiento confía en que este mes y medio que se ha perdido no sea impedimento para adjudicar el nuevo contrato antes de que acabe el año.
Cabe recordar que los recursos afectaban a los dos lotes en los que se dividió el contrato. Por un lado, el comité de empresa de Salou Net –la concesionaria actual– recurrió el lote 1, que engloba el grueso del servicio y del coste (110M€). al considerar que no se había provisto el presupuesto suficiente para hacer frente a las subidas salariales acordadas entre plantilla y empresa. Por el otro, la cooperativa Moda Re recurrió el lote 2, que incluye la recogida de aceite usado, ropa y calzado.
En su resolución, el Tribunal defiende que el cálculo del presupuesto base de licitación se debe hacer conforme al convenio colectivo vigente, cuando el representante de los trabajadores sostenía su recurso en un principio de acuerdo alcanzado con la actual empresa concesionaria «que tiene carácter no vinculante» y que, de hecho, contempla unas mejoras salariales que no se están cumpliendo.
«Esta resolución no deja de dar la razón al Ayuntamiento y avala por completo el pliego de condiciones que aprobamos», valora el concejal de Servicios Generales, Jesús Barragán. El edil se muestra satisfecho por la diligencia con la que ha resuelto el tribunal los dos recursos, en apenas un mes, y asegura que, si no hay más apelaciones, la nueva empresa podría empezar a operar en menos de seis meses.
Por su lado, el presidente del comité de empresa de Salou Net, José Martínez, afirma que «entre la empresa que entre, va a tener que asumir una subida de sueldos importante. Nosotros tenemos un convenio colectivo con vigencia hasta diciembre de 2024 que contempla que se incrementen los IPC desde 2015» y advierte que «si no nos pagan este diferencial, estarían incumpliendo con algo que ya está aprobado». En este sentido, desde el comité creen que la resolución del tribunal «a quien perjudica es al Ayuntamiento y a la empresa», insisten en que con la estructura de costes del contrato «es imposible» hacer frente a los gastos de personal y alertan de que ello puede acabar repercutiendo en menos servicios.
A partir de ahora se procederá a la valoración de las ofertas recibidas por parte de los técnicos municipales y una consultora externa que el consistorio contrató expresamente para esta licitación. Un proceso que se podría solventar en un mes. Después se abrirá el último sobre con las ofertas económicas y se ponderarán ambos paquetes para proponer la adjudicación a una de las dos compañías que se han presentado: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) o GBI Serveis. En cuanto al segundo lote, con un presupuesto de 10.800 € y una duración de cinco años, tan solo se presentó Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
