Condena al Ayuntamiento de Cambrils por la muerte de un trabajador por el amianto

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Cambrils por su responsabilidad en el fallecimiento de un trabajador por la exposición durante años al amianto. El órgano rebaja parte de una indemnización reclamada a una de las hijas pero confirma la sentencia que ya había emitido el Juzgado Social 1 de Reus.

En total, la indemnización para la mujer y los tres hijos del matrimonio se eleva a 250.000 euros, en concepto de daños y perjuicios derivados del fallecimiento del trabajador, esposo y padre de los demandantes, como consecuencia de enfermedad profesional.

Se trata la primera sentencia de este tipo que trasciende en la provincia, y además que condena a una administración pública, aunque hay un goteo de este tipo de resoluciones que reconocen los efectos letales del amianto.

El trabajador prestó servicios para Cambrils como funcionario toda su vida, desde los 17 años. Durante más de tres décadas, desde 1973 hasta 2006, trabajó adscrito a la brigada de fontanería o del servicio de agua. Su ocupación principal era el mantenimiento, la conservación y la reparación de la red de abastecimiento de agua de la villa marinera. En 2001 ascendió a jefe supervisor de brigada.

Reparación de averías a diario

Tanto en un puesto como en otro, la sentencia reza que estuvo «siempre en continuo contacto con las tuberías de fibrocemento, especialmente cuando debía realizar reparaciones, cortándolas y rebajándolas para hacer conexiones, siendo muy excepcional el día en que no se producía alguna avería».

En 2006 Cambrils externalizó el servicio y el empleado dejó de tener contacto con las canalizaciones de amianto. Se dedicó entonces a la brigada municipal. Ocupó puestos como el de inspector de la vía pública. Por entonces ya no estaba expuesto a tan delicado material, pero las décadas de trabajo previos acabaron pasando factura con el paso del tiempo, como indica, con contundencia, la sentencia: «Las tuberías de la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Cambrils han sido tradicionalmente de fibrocemento, fabricadas con amianto. Actualmente, son de polietileno. Entre las tareas del puesto de trabajo de fontanero de la red de abastecimiento de agua potable del municipio, se incluía la de corte de tuberías de fibrocemento, siendo ésta una de las tareas habituales a desempeñar. El corte de las tuberías se realizaba con radial y, en ocasiones, con lima».

Labores de soldadura de plomo, polietileno o cobre conllevaban el empleo de productos tóxicos, de forma que el juez concluye que «durante más de 25 años, los trabajos se desempeñaban sin ningún tipo de equipo de protección individual de las vías respiratorias, lo que implicaba que, al realizar las tareas de corte de tuberías, todo el rostro quedaba cubierto de partículas de polvo, que quedaban depositadas, incluso, en los orificios de la nariz». A finales de los 90, empezaron a llegar medidas de protección, pero insuficientes. Inicialmente eran los propietarios los que las adquirían en una ferretería de Cambrils y la empresa asumía el coste. Se trataba, sin embargo, de una mascarilla de tela o papel «que no se adaptaba al rostro de los empleados, de forma que, una vez finalizados los trabajos, los operarios tenían la cara cubierta de restos de polvo de fibrocemento de la tubería que habían cortado y, al retirar la mascarilla, ésta se encontraba repleta de restos del mismo polvo, tanto por la cara interna como por la externa, por lo que este equipo no protegía al trabajador del riesgo de exposición a las partículas desprendidas durante el corte de tuberías».

Antes incluso de aquello, los trabajadores se ponían un pañuelo. «Posteriormente, cuando era el Ayuntamiento el que suministraba directamente los equipos de protección individual, éstos seguían siendo unas mascarillas sencillas, por lo que, al retirárselas, los trabajadores seguían teniendo la cara y los orificios de la nariz repletos de polvo».

Los equipos de protección individual llegaron a partir de 1999 y 2000, pero «en cualquier caso, nadie supervisaba si se utilizaban o no dichas mascarillas», por lo que «el Ayuntamiento de Cambrils nunca dotó a los operarios de las mascarillas autofiltrantes para proteger las vías respiratorias ni de equipos de protección tipo buzo para cubrir el cuerpo (tronco, brazos y piernas) en aras a proteger dichas partes de la exposición a las fibras de amianto». También aclara la sentencia que «el Ayuntamiento no prohibió nunca el corte de las tuberías con radial».

Todo ello lleva al TSJC a establecer que hubo una «inadecuada protección por parte del Ayuntamiento, que al no realizar una razonable actividad en orden a proteger la salud del trabajador incurrió en culpa contractual, ya que su obligación de protección deriva de la normativa vigente en esta materia en el momento en que estaba trabajando como fontanero y se encontraba los tubos de fibrocemento con amianto».

Los efectos letales para el funcionario llegaron años más tarde, como es común en estas casuísticas. En enero de 2017, a los 62 años, el trabajador fue baja laboral por un mesotelioma pleural maligno, un agresivo cáncer. Ya en el informe de Oncología del Hospital Sant Joan de Reus, donde recibió quimioterapia, se apuntaba al contacto con el amianto como principal factor de riesgo.

Comenzó entonces su convalecencia, con diversos ingresos en el Sant Joan. El último fue el 4 de abril de 2018, hasta que falleció el 24, a los 63 años, víctima de la evolución de la dolencia.

El Ayuntamiento, ante la reclamación, había alegado que entre 1960 y 1985 en España se construía utilizando el amianto, hasta que en 1995 se clasificó como tóxico; y que en el caso del municipio de la Costa Daurada hasta 1985 se había empleado como modelo generalizado para las tuberías de agua potable. A partir de ahí se utilizó polietileno. Todo ello quedó desestimado: «El hecho de que fuera una práctica habitual no significa que no resultase perjudicial y dañosa para la salud de los trabajadores». Tampoco dejar de estar expuesto sirvió, porque el periodo de latencia hasta la aparición de la enfermedad se ubica entre los 15 y los 50 años. Se da, pues, «un nexo causal entre el daño y la enfermedad profesional».

Ni siquiera pesó el hecho de que el empleado fuera fumador, por lo que establece el juez «una inadecuada actuación empresarial que implica negligencia, un daño que se traduce en la muerte del trabajador por mesotelioma». La causa, el «continuo contacto con fibras de amianto que se desprendían» en esas reparaciones durante más de 30 años. El juez descarta cualquier tipo de imprudencia temeraria en el funcionario.

Su caso no es único, en la medida en que en los últimos años han aflorado situaciones similares de empleados que han padecido los estragos del amianto.

No ser consciente del riesgo

Fuentes municipales de Cambrils sostienen que «es un procedimiento que viene de lejos y desafortunadamente esta persona hace años que murió». Indican que «en la época que pudo tener el contacto con el amianto la sociedad en general no era consciente del riesgo que esto comportaba».

El consistorio añade que «a partir de la detección de la enfermedad y finalmente a la vista de las consecuencias que acabó produciendo, entendemos perfectamente que la familia emprendiera medidas judiciales». «Todo eso –siguen las fuentes– ha derivado en una sentencia y el Ayuntamiento, con total respeto por la justicia, la ha acatado y ha hecho frente a la responsabilidad que se le exige».

Plan para erradicar todo el amianto que queda antes de 2032

Catalunya ha aprobado el Pla Nacional per a l’erradicació de l’amiant 2023-32. El objetivo, fijado por la UE, es retirar este componente de todos los edificios públicos antes de 2028 y de todo el territorio antes de 2032. Se estima que aún quedan más de cuatro millones de toneladas, en forma de fibrocemento en los tejados, en depósitos, bajantes –tuberías de desagüe– o jardineras, como aislamiento térmico y acústico.

En 2032, buena parte de este material caducará, por lo que es preciso desmantelarlo, ya que las microfibras que puede liberar si se degrada provocan cáncer y otras enfermedades.

El objetivo hacia ese amianto cero está en marcha y el compromiso público es de tal magnitud que hasta el mismo President, Pere Aragonès, se ha posicionado: «Erradicar el amianto es un reto de país y una prioridad absoluta, el compromiso del Govern es total y absoluto». La Generalitat ha anunciado recientemente que prevé destinar 40 millones de euros a subvenciones para sustituir cubiertas con amianto por placas fotovoltaicas para el autoconsumo en el ámbito privado. También se habilitarán 10 millones para propietarios individuales o comunidades de vecinos de viviendas que tengan elementos de amianto. El gasto subvencionable incluye la retirada, el transporte y el tratamiento del material que contenga amianto. «Estos trabajos se tendrán que realizar por una empresa autorizada en el registro de la Agència de Residus de Catalunya», explica la Generalitat. Hace solo unos días se han publicado las bases reguladoras que regirán la convocatoria de estas ayudas.

Las actuaciones van desde la identificación de restos a la retirada, pasando también por la prevención con campañas de sensibilización y por el seguimiento de la salud de los trabajadores que han estado expuestos.

Sin embargo, ya hace años que se impulsan planes de trabajos de retirada del compuesto. Un informe del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral indica que en 2022 se hicieron en Catalunya 3.327 actividades de retirada en empresas, con más de 19.000 toneladas acumuladas. El Tarragonès está entre las comarcas con más actuaciones.