Se alquila. Por días, semanas o meses. Estos son algunos de los carteles que se pueden ver en algunos pisos y apartamentos de la Costa Daurada. Muchos lo siguen haciendo de forma ilegal, sin la licencia de Habitatge d’Ús Turístic que requiere la Generalitat. Pero el fenómeno se ha extendido aún más con las plataformas digitales que alquilan viviendas.
Aún así, desde que el Govern en 2013 amenazó con sanciones a aquellos que no cumplieran con la regularización, son muchos los que se dieron prisa para obtener las licencias. Es el caso de Salou. En 2016 se registraron unos 4.088 pisos turísticos. Ahora, según la Guia d’establiments i activitats turístiques de la Generalitat, el municipio ya cuenta con 4.769. Cambrils tiene registrados 2.241 viviendas de uso turístico, Vila-seca 847, Torredembarra 771, Altafulla 233 y Roda de Berà 267.
Las viviendas de uso turístico comparten escalera con pisos de primera residencia. Unos están de vacaciones pero el resto siguen su rutina diaria y esto crea problemas de convivencia. Es el caso de algunos bloques de pisos de la calle Barcelona de Salou. «Ahora estamos bastante tranquilos, pero cuando empieza el verano si lo alquilan a gente joven, no hay quién duerma. Música, gritos, ruido...», asegura un vecino de la zona que prefiere mantenerse en el anonimato.
Por su parte, el presidente de la Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Calvet, expone que desde su entidad siempre han estado «luchando para evitar lo ilegal» y de hecho asegura que este es el principal reto del sector. «Con los pisos turísticos ilegales llevamos toda la vida igual y no se soluciona», lamenta Calvet que considera que se trata de un problema que afecta a todo el sector turístico: «Es competencia desleal (...) Los primeros perjudicados son los apartamentos pero nos perjudica a todos. A los campings, a los hoteles...es todo el sector. Pagamos impuestos, estamos haciendo las cosas bien y procuramos dar calidad», apunta.
Capacidad sancionadora
La Generalitat es la única administración que puede sancionar a los propietarios de los pisos turísticos ilegales. Las multas pueden ir de los 3.000 a los 30.000 euros, si son reincidentes. Barcelona es la excepción. En este caso el consistorio puedo hacerlo directamente. Desde la Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre consideran que «si los Ayuntamientos tuvieran capacidad sancionadora» se reducirían mucho más los alquileres ilegales. «La Generalitat tiene poca capacidad de inspección, la carga de trabajo sería brutal, no hay tantos inspectores», expone Calvet.
La asociación tiene una serie de protocolos de actuación cuando detectan algún ilegal. La información se pasa a la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) o directamente al Departament de Turisme de la Generalitat para que tome las medidas correspondientes.
La Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre llegó a un acuerdo hará cosa de un año con el Ayuntamiento de Salou para intensificar las inspecciones para detectar los alojamientos turísticos que estén fuera de la legalidad. El concejal de Gestión Tributaria, Toni Brull, lo calificó como «una oferta desleal que no da un mínimo servicio de calidad y que estropea la imagen del sector y de la población».
Las obligaciones
Los propietarios de los pisos de uso turístico deben cumplir una serie de obligaciones. A parte de registrarse, deben habilitar teléfonos de atención inmediata, garantizar el mantenimiento de la vivienda o facilitar a la Policía datos del viaje de las personas alojadas, que deben abonar el impuesto sobre las estancias. En este sentido, Calvet considera que los Ayuntamientos deberían facilitar los trámites para registrar un piso de uso turístico.
«Nosotros siempre recomendamos que no se cobre para realizar el trámite. Lo que nos interesa es que se registren», explica. Salou por ejemplo, es uno de los que cobra para realizarlo.
Unos 3.000 pisos turísticos están asociados en la Associació d’Apartaments Turístics. «Sería bueno que se asocien para defender el sector y ayudarles con las normativas», concluye Calvet.