El Ayuntamiento de Calafell volverá a intentar aprobar una ordenanza que regule la apertura de clubs de cannabis en el municipio. La propuesta ya la presentó hace tres años, pero no pudo aprobarse por el rechazo de la oposición.
El alcalde Ramon Ferré señala que esos clubs son establecimientos legales, pero «debe haber una regulación para evitar una proliferación excesiva». Destaca que desde hace tres años, cuando una moción similar fue rechazada, «se han abierto media docena de nuevos clubs».
Ferré explica que algunos de los nuevos locales han generado quejas de los vecinos, por lo que se busca regular la apertura. Con la normativa actual pueden abrirse esos locales en cualquier punto del municipio con sólo presentar una solicitud de licencia y cumplir urbanísticamente.
En pleno
En el pleno del lunes el gobierno presentará una nueva moción para ordenar esos locales. El objetivo es evitar una concentración por lo que se determina una distancia mínima de separación entre ellos o que deban estar alejados de colegios, centros de salud o deportivos.
También que la licencia se concederá por un periodo de años, tras lo que debe presentarse una nueva solicitud para renovarla. La normativa también busca establecer una limitación horaria, como no poder abrir más de unas horas diarias.
El consumo de marihuana no está penalizado pero sí la venta y el cultivo ilegal. El control de la legalidad de las actividades que se llevan a cabo en el interior de los clubs cannábicos no corresponde a las administraciones locales. Pero los ayuntamientos tienen la responsabilidad de vigilar las conductas en el entorno de estas asociaciones.
En su día el Ayuntamiento señaló que las medidas urbanísticas no pueden emplearse para impedir el derecho de una asociación, como están reconocidos estos clubs, pero sí «para hacer compatible la actividad con otros usos y proteger a sectores sociales más débiles o sensibles a conductas potencialmente peligrosas».
Repercusiones
Destaca que los clubs de fumadores de cannabis «no pueden huir, con el argumento de la normativa competente, de las cuestiones de orden público, ya que son muchas las repercusiones que la apertura de estos locales pueden tener sobre el tejido social».
En la pasada legislatura, con mandato del PDeCat, se estableció un moratoria de un año para la apertura de estos locales a la espera de redactar una ordenanza, pero no llegó a hacerse y se levantó el veto.
En todo caso las asociaciones de fumadores no tienen nada que ver con las plantaciones ilegales desmanteladas en las últimas semanas en el municipio.