Desde la explosión de hace un par de semanas en una casa ocupada de Segur de Calafell en la que se detectó una plantación de marihuana, los vecinos han denunciado hasta 38 viviendas ocupadas de las que el Consistorio no tenía constancia.
Tras la explosión, el propio alcalde Ramon Ferré pidió colaboración ciudadana para que de forma anónima los vecinos señalasen ocupaciones ilegales. Y el llamamiento ha tenido éxito. Ahora se investigará la propiedad de esas viviendas y el motivo de la ocupación.
Las direcciones de las casas señaladas por los vecinos serán pasadas a Policía Local, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil para que coordinen investigaciones. No sólo se busca luchar contra la ocupación sino también contra los casos en los que en las casas tomadas se instalan cultivos de marihuana.
Protocolo
El Ayuntamiento de Calafell prepara un protocolo que distingue entre las ocupaciones de casas propiedad de bancos y por familias que se han visto en la calle, de las que no tienen una argumentación económica detrás. Entre estas están las que se realizan para cultivar droga o incluso para pasar los fines de semana como también se ha detectado en algunas zonas.
El Ayuntamiento señaló que es necesaria la colaboración ciudadana porque muchas ocupaciones son de viviendas unifamiliares en urbanizaciones alejadas del núcleo y son los vecinos los que pueden detectar movimientos extraños.
En la junta de seguridad local de ayer los diferentes cuerpos policiales apuntaron al objetivo de coordinar esfuerzos para evitar que Calafell se convierta en un paraíso de la ocupación, como ya se anunció desde el Ayuntamiento.
Unos 500
El Consistorio considera que puede haber unos 500 pisos de bancos que estén ocupados y pretende que en los casos de necesidad las entidades los pongan a disposición de las familias con alquileres sociales. Pero las ocupaciones de pisos que no están justificadas por necesidades económicas, impiden que pueda crearse una bolsa de vivienda social como se pretende negociar con las entidades financieras.
Para evitar esa situación el Ayuntamiento también pide a las asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a 500 x 20 que no de cobertura a las ocupaciones «de vividores» o las que sean delincuenciales.
En los próximos días está previsto que se firme un documento de actuación conjunto en este sentido.
Rechazo a los vividores
La Plataforma 500x20 de Costa Daurada, una asociación que trabaja para buscar ayudas a las familias que se ven en la calle y presionar a los bancos para evitar desahucios y que ofrezcan alquileres sociales, se ha desmarcado de algunas ocupaciones detectadas en Calafell y que han generado un gran rechazo.
Desde 500 x20 explican que «estamos en contra de las ocupaciones de viviendas de particulares y de aquellas que no tienen explicación». Señalan especialmente el caso que publicó el Diari de una familia que hace tres años se instaló en una casa de lujo de 300m2 con piscina y jardín y que tiene propietario, aunque éste compró la vivienda sabiendo que estaba ocupada.
El Ayuntamiento de Calafell ha explicado que tendrá una reunión con 500 x 20 y con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para trabajar en conseguir que los bancos faciliten el alquiler social de sus viviendas, «pero rechazando aquellas ocupaciones de vividores, de propiedades que tienen dueño o que se hacen para plantar droga».
También critica los casos de viviendas de segunda residencia ocupadas y cuyos propietarios no pueden hacer uso de ellas porque cuando llegan a localidad se las encuentran con un grupo de personas dentro.
Desde 500 x20 explican que «estamos en contra de las ocupaciones de viviendas de particulares y de aquellas que no tienen explicación». Señalan especialmente el caso que publicó el Diari de una familia que hace tres años se instaló en una casa de lujo de 300m2 con piscina y jardín y que tiene propietario, aunque éste compró la vivienda sabiendo que estaba ocupada.
El Ayuntamiento de Calafell ha explicado que tendrá una reunión con 500 x 20 y con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para trabajar en conseguir que los bancos faciliten el alquiler social de sus viviendas, «pero rechazando aquellas ocupaciones de vividores, de propiedades que tienen dueño o que se hacen para plantar droga».
También critica los casos de viviendas de segunda residencia ocupadas y cuyos propietarios no pueden hacer uso de ellas porque cuando llegan a localidad se las encuentran con un grupo de personas dentro.