Una de las tres víctimas del brutal atentado contra un grupo de turistas el pasado viernes en Afganistán es Ramon Bellmàs Rimbau, nacido en Girona, pero que trabajó en una Química en Tarragona. Las otras dos víctimas fueron Susana Vilar Bühler y su hija Elena Schröder Vilar, ambas farmacéuticas en Barcelona y Terrassa.
Ramon Bellmàs (63 años) empezó a trabajar en Bayer –ahora Covestro– en 1977, con la segunda fase de ampliación de las instalaciones. Este ingeniero inició su carrera profesional en la planta de poliuretano y, después de una estancia de cuatro años en Alemania, fue el supervisor del montaje de la planta MDI.
Bellmàs era el responsable de calidad de Seguridad y Medio Ambiente del site. En un suplemento del Diari dedicado a la industria Química aseguraba que «el cambio es que antes básicamente no había una legislación medio ambiental. Como han cambiado los coches o las lavadoras durante este periodo, las plantas también se han tecnificado. Nosotros ya éramos una empresa grande y decidimos crear el departamento de Medio Ambiente por compromiso propio».
Bellmàs recordaba que en los inicios el trabajo era más técnico: «En los años setenta hacíamos los ensayos con tubos, probetas... el laboratorio era como el Cheminova que te regalaban en Reyes. Ahora nos perdemos en la gestión de despacho. Nuestro trabajo básicamente se centra en suministrar información a la administración para que pueda comprobar que cumplimos».
El ataque tiene todos los ingredientes para ser catalogado como acto terrorista. Nadie ha reivindicado su autoría más de veinticuatro horas después del baño de sangre, y apenas han transcendido detalles sobre el suceso, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores admitió ayer que todo apunta «claramente» a un suceso de este tipo tras confirmar con algunos de los supervivientes que los disparos se dirigieron contra los turistas, a quienes se reconoce con facilidad en un país que vive bajo el régimen talibán y sus restricciones. La Audiencia Nacional no lo dudó: hay «indicios de que los hechos puedan ser considerados como un delito de terrorismo». Por ello abrió diligencias para investigar lo ocurrido a casi 8.000 kilómetros de sus despachos.