Silvio Berlusconi siempre quiso volar alto y lo hará también después de muerto. En una polémica decisión por la controversia que suscitó siempre el personaje, el Gobierno italiano anunció este jueves que el aeropuerto milanés de Malpensa queda bautizado con efecto inmediato con el nombre del cuatro veces primer ministro, fallecido el 12 de junio del año pasado.
Fue el ministro de Infraestructuras y Transportes y número dos del Ejecutivo, Matteo Salvini, quien informó «con gran satisfacción» de este homenaje póstumo al magnate, que siempre estuvo muy ligado a Milán, la ciudad donde nació y donde construyó su emporio empresarial y mediático, valorado en unos 4.000 millones de euros.
El movimiento político liderado por Salvini, la Liga, ha sido durante décadas el aliado del partido de Berlusconi, Forza Italia, un pacto que continúa en la actualidad, ya que ambos forman parte de la coalición conservadora que sostiene al Gobierno de Roma junto a Hermanos de Italia, la fuerza política de la primera ministra, Giorgia Meloni.
Al alcalde de la capital lombarda, Beppe Sala, de centroizquierda, no le gustó la decisión de que el mayor punto de conexión aeroportuario del norte de Italia pase a llamarse aeropuerto internacional Malpensa-Silvio Berlusconi. Sala se quejó de que la empresa que gestiona la infraestructura, que pertenece al Ayuntamiento, no haya sido consultada ni informada del cambio de denominación. Para el alcalde, optar por bautizar el aeropuerto con el nombre de una figura tan controvertida, debido a sus escándalos políticos, sexuales, jurídicos y empresariales, «no es una cosa exenta de consecuencias desde todos los puntos de vista».
Contra la ley
El Partido Democrático (PD), principal fuerza de la oposición de izquierdas, consideró por su parte que la decisión del Gobierno va contra la ley, al recordar que una normativa de 1927 aún en vigor prevé que haya que esperar al menos diez años desde la muerte de una persona antes de utilizar su nombre para bautizar un lugar público. Desde el fallecimiento del magnate, en cambio, ha pasado poco más de un año. «Es una vergüenza absoluta», señaló Pierfrancesco Majorino, portavoz del PD en el parlamento regional lombardo.
«Es una pésima señal al mundo y una bofetada a los ciudadanos serios y honestos», aseguró Majorino, prometiendo que impugnará la decisión del Gobierno. También protestó el principal sindicato del país, la Cgil, al acusar al Ejecutivo de «arrogancia institucional».
