El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reabierto la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros tras recibir nuevos datos de Francia sobre una causa relacionada con este sistema desarrollada en el país vecino.
El magistrado investigó durante casi un año la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y también de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, entre 2020 y 2021, si bien acabó archivando el caso ante la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel, país donde tiene su domicilio social el grupo NSO, que ha desarrollado y comercializado el programa.
Sin embargo, el juez ha recibido ahora una Orden Europea de Investigación (OEI) por parte de Francia en la que incorpora una causa llevada a cabo en 2021 por múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.
Información que, según el juez, si se compara con los resultados de los análisis del Centro Criptológico Nacional sobre los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los ministros puede permitir avanzar en las investigaciones de ambos países para determinar la autoría.
Las pesquisas de Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el programa Pegasus creaba una infraestructura que podía usarse para atrapar varios números, según explica en su auto el magistrado.
Esto lleva al juez Calama a concluir que «es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación».
Al mismo tiempo que ha reabierto la investigación, el magistrado ha encargado al Centro Criptológico Nacional un informe que compare los elementos técnicos recabados en las investigaciones francesa y española con el objetivo de determinar la autoría de los ataques informáticos.
Con el resultado de este análisis, el juez cree que se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de datos con Francia y así conocer el contenido de la información que la sociedad NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno de Pegasus y un detalle más completo de las investigaciones desarrolladas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
«Todo ello permitirá una actuación conjunta y coordinada de las autoridades judiciales francesas y españolas en orden a determinar la autoría de la infestación llevada a cabo a través del programa espía Pegasus tanto en Francia como en España», concluye el juez.
Antes de cerrar el caso y con el objetivo de averiguar quiénes estuvieron detrás del espionaje, el juez remitió hasta cuatro veces sin éxito una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la sociedad NSO Group.
En la documentación aportada por Francia, las autoridades explican que se han dirigido a esa mercantil y que su investigación les ha llevado a solicitar auxilio judicial a Estados Unidos e Israel, dado que dicha empresa negó ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse mediante las herramientas de cooperación judicial.
El documento recoge los llamados «indicadores de compromiso» (IOCs), una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante y que se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.
La investigación ahora reabierta en la Audiencia Nacional discurre de forma independiente de otra causa que instruye un juzgado de Barcelona sobre la infección al móvil del presidente de la Generalitat mediante este mismo programa, en la que está investigada la exdirectora general del CNI Paz Esteban.