El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó ayer de plano la reforma del delito de sedición que negocian el Gobierno y el Govern. En el quinto aniversario desde que huyó a Bruselas, descartó una solución «personal» para su causa judicial, pues considera que sería una «renuncia política». «Nunca lo pediré de rodillas», advirtió. El dirigente nacionalista, que se opone a la mesa de diálogo y que carga contra la estrategia pactista de ERC, reveló que emisarios del PSOE le han visitado para ofrecerle «expectativas de un buen trato» judicial a través de una reforma del Código Penal o de un indulto si comparece ante el Tribunal Supremo. Puigdemont atacó a PSOE y Esquerra por negociar sobre su situación cuando él no lo ha pedido ni lo ha «autorizado».
No está claro cómo afectaría al expresident la reforma del delito de sedición. Y es que, está acusado de sedición y también de malversación. Por tanto, aunque se reduzcan las penas a la mitad para el primer delito (de 5 a 7 años), aún tendría mucho riesgo de ser condenado a prisión con condenas elevadas. El caso sería distinto para Clara Ponsatí y Marta Rovira, acusadas únicamente de sedición. El regreso a España, en cualquier caso, siempre será una decisión personal de cada uno de ellos, salvo que la justicia europea fuerce a Bélgica a extraditarlos.
Puigdemont fue muy crítico con los indultos, lo es con la reforma del delito de sedición, pues a su juicio no resuelve el conflicto catalán, y fía toda su suerte judicial a lo que dictaminen los tribunales europeos. Su objetivo es regresar por la puerta grande, tras derrotar al Estado en las cortes de justicia europeas. Se la juega en tres causas. Una debe decidir si Bélgica está obligada a entregarle para que sea extraditado, la segunda resolverá sobre su inmunidad europarlamentaria y la tercera si las sentencias del 'procés' se ajustaron a la ley y los estándares comunitarios.
Dos meses de plazo
La negociación de la reforma del delito de sedición ha entrado en una fase nueva. Todas las partes se han movido. ERC afirmaba que la única salida era la amnistía. Luego pasó a defender la derogación del delito de sedición y ahora ya acepta su reforma. El presidente del Gobierno pasó de asegurar que traería a Carles Puigdemont y que volvería a tipificar como delito la convocatoria de un referéndum a anunciar que llevará al Congreso la reforma de la sedición. El Govern aprieta al Gobierno. Le advierte de que tiene dos meses para cerrar el acuerdo, que sería el primer gran logro para los republicanos en la mesa de diálogo, que debe reunirse, según acordaron en julio, antes de final de año. En realidad sería la segunda gran concesión a los independentistas, porque la primera fueron los indultos. El Govern avisa además al Gobierno de que con la reforma de sedición no basta. También pide cambios en el Código Penal en el delito de malversación y en el de desórdenes públicos. Y que el Gobierno ejerza su influencia en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado para que se rebaje la petición de penas en algunas de las causas pendientes.
Todo ello, a cambio del apoyo de ERC a los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, que pueden aprobarse antes de las vacaciones de Navidad. Todos dicen que son carpetas diferentes, pero van en paralelo. Como la negociación entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, que ha saltado por los aires, cuando Sánchez ha pisado el acelerador y ha confirmado su intención de llevar al Congreso la reforma del Código Penal.
El objetivo, resumen en las filas independentistas, es conseguir los efectos de una amnistía, sin aprobarla, de tal manera que los líderes huidos en el extranjero puedan regresar y los que están pendientes de juicio (como la treintena de exaltos cargos del Govern procesados por el 1-O por malversación) no entren en prisión. Esto es la desjudicialización para Pere Aragonès.
