Tras cuatro días de silencio, la ejecutiva del PSC se reunirá este sábado para validar el preacuerdo y, si no media órdago por parte de las juventudes de ERC
El respaldo de la militancia de Esquerra posibilitará la investidura de Salvador Illa. La fecha de la misma aún está por determinar, aunque todo apunta a que el pleno se celebrará la semana que viene.
Tras cuatro días de silencio, la ejecutiva del PSC se reunirá este sábado para validar el preacuerdo y, si no media órdago por parte de las juventudes de ERC, el líder de los socialistas catalanes comunicará al presidente del Parlament de Catalunya, el cargo de Junts Josep Rull, su voluntad de someterse al debate para ser elegido nuevo responsable de la Generalitat.
Una vez que reciba la petición, Rull deberá llevar a cabo una ronda de consultas para ratificar que Illa cuenta con una mayoría suficiente. Un trámite sencillo y que podría resolverse incluso de manera telemática, pero que el dirigente de Junts podría dilatar a fin de retrasar la investidura y trasladar la presión a Pedro Sánchez ante el eventual regreso de Carles Puigdemont para el pleno a riesgo de ser detenido y ser enviado a prisión.
El siguiente paso será convocar la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament, el órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara en periodo vacacional y donde el PSC, ERC y los comunes suman mayoría.
La intención de los socialistas es agilizar toda la tramitación de la convocatoria, por lo que el pleno podría celebrarse a partir del miércoles. Está por ver si el líder de los posconvergentes consuma su amenaza para imponer el relato de que el Gobierno no cumple con sus pactos y agitar al movimiento independentista con el fin de dinamitar la investidura.
Pero la estabilidad del futuro Govern y del Ejecutivo de Sánchez, que sigue pendiendo del apoyo de Junts, puede encontrarse una piedra añadida en el camino. El nuevo «concierto económico solidario» definido en el preacuerdo entre el PSC y ERC requerirá una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) que debe ser aprobada en el Congreso por una mayoría absoluta de 176 escaños.
Este viernes, con el anunciado voto en contra ya de cuatro diputados de Compromís, IU y la Chunta, el cambio encallaría.