Ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han solicitado que se celebre un pleno extraordinario para abordar la amnistía, que consideran una «medida de abolición del Estado de Derecho» que «violenta la Constitución» y convierte a la Justicia en «una quimera».
Este jueves, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona solicitarán la reunión extraordinaria al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.
Los vocales han hecho pública una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, que esperan que respalde el pleno del órgano.
En ella, califican la amnistía como una «medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España» que «violenta la Constitución» y que producirá «inevitablemente» consecuencias «en perjuicio del interés general de España» y convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica «en una quimera».
En el documento planteado, se denuncia que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, justifique la amnistía como una medida por el «interés de España», cuando persigue impedir un eventual gobierno de partidos de derecha y «mantenerse en el Gobierno».
«Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política», han argumentado.
La propuesta de declaración subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.
«No es compatible con el principio de Estado de derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno», se lee en la propuesta de declaración institucional.
Según los vocales, esto supondría convertir al Estado en «objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, con el interés de españa».
Los integrantes conservadores del CGPJ aseguran que la amnistía implica «generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos» y violenta la independencia de los tribunales, de manera que «las fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción» judicial.
En el documento asimismo se critica que la ley de amnistía se tramite como proposición de ley y no como proyecto, con lo que se eludirá la función consultiva del CGPJ.
Los vocales también expresan en el documento la «creciente preocupación» por las declaraciones de «miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos con responsabilidad de gobierno» sobre una eventual amnistía de los delitos cometidos antes, durante y tras el 1 de octubre de 2017, para «oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado».