El dictamen jurídico sobre la amnistía que ha elaborado Sumar propone aplicar esta medida desde enero de 2013 a los independentistas catalanes afectados por el procés y a los policías procesados por las cargas, pero excluye casos como el de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, según avanza El Periódico.
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha adelantado que el próximo martes presentará el dictamen de los juristas de su partido sobre el encaje jurídico de la amnistía, que es una de las exigencias planteadas por Junts y ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El Periódico asegura haber accedido a este documento, de 39 páginas y dos artículos, y detalla que en él Sumar propone aplicar esta medida de gracia «a todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña, tipificadas como infracciones penales o administrativas» y enmarcadas entre el 1 de enero de 2013 y la entrada en vigor de una futura ley de amnistía.
La fecha de partida, según explican los autores en el dictamen, se debe a que el 23 de enero de 2013 tuvo lugar la resolución del Parlament por la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
En concreto, el documento incluye en la amnistía «todo acto relacionado con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Catalunya de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017».
También engloba los actos desarrollados «en la vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables».
Por lo tanto, con la propuesta de Sumar quedarían excluidos de la amnistía casos como el de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes, que dirigió hasta 2018 -justo antes de dar su salto a la política- para adjudicárselos a un amigo.
El dictamen de Sumar defiende que sean amnistiados los agentes de policía procesados por las cargas durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, según señala El Periódico.
En cambio, estarían excluidas «las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público».