«Oriol Pujol (El conseguidor)». La nota manuscrita apareció en el registro del miércoles en la sede madrileña de la empresa Opreler, una de las investigadas en la ‘operación Petrum’ de la Guardia Civil sobre la supuesta financiación irregular de CDC.
Ese papel, que el directivo detenido Sergio Lerma se negó a aclarar, puede llevar a la imputación del hijo del expresident de la Generalitat en la trama del 3%, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que creen que Oriol Pujol era uno de los comisionistas que recopilaba donaciones a cambio de adjudicaciones amañadas a la fundación de CDC, formación de la que fue secretario general y diputado.
La aparición de su nombre ha sorprendido a los investigadores, que creían que llevaba años al margen de las gestiones del partido. Sería la tercera imputación de Oriol Pujol, encausado en el ‘caso ITV’ por la concesión irregular, a cambio de mordidas, de las licencias a empresas afines; y en el ‘caso Herencia’, por la fortuna que el clan heredó del abuelo Florenci Pujol y que ocultó en Andorra.
Duodécima detención
Los agentes realizaron ayer la duodécima detención de la redada, la del extesorero de CDC Daniel Osàcar. Fue arrestado en relación a un ordenador encontrado el 28 de agosto en la sede de CDC y en el que el extesorero guardaba datos sobre la presunta financiación a través de mordidas. El juez de El Vendrell que investiga el caso del 3 % le dejó en libertad con cargos y le retiró el pasaporte.
El juez dictó las mismas medidas para el director general de Infraestructuras.cat de la Generalitat, Josep Antoni Rosell.
Según fuentes judiciales, después de que el jueves enviara a prisión sin fianza al actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, el único de los detenidos por su presunta relación con la trama de pago de comisiones que está en prisión, el juez tomó ayer declaración a dos empresarios, además de Rosell y Osàcar, que se negaron a declarar ante el magistrado.
La detención de Osàcar, que dejó el cargo de tesorero en diciembre de 2010, eleva a doce el número de detenidos por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones, que el pasado miércoles comportó el registro de la sede de CDC y de empresas sospechosas de pagar.
Osàcar, cuya detención también estaba prevista el pasado miércoles pero que se aplazó a ayer para que le fuera menos gravosa dado su delicado estado de salud, está obligado a entregar su pasaporte al juez, que estimó que existe riesgo de fuga según los argumentos de la Fiscalía, que sostiene que posee bienes en el extranjero.
El pasado 28 de agosto, la Guardia Civil registró el domicilio de Osàcar por orden del juez que instruye el caso y el material intervenido en su casa ha sido clave para precipitar la tercera fase de la operación Petrum del pasado miércoles, en la que los investigadores se hicieron con la contabilidad de CDC.
Daniel Osàcar está a la espera de sentarse en el banquillo por el caso del expolio del Palau de la Música, en que afronta una petición fiscal de siete años y medio de cárcel por su papel clave en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC, a través de la entidad cultural.
El riesgo de fuga, junto al de destrucción de pruebas, fue también esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción para pedir prisión incondicional para el director general de Infraestructuras.cat, la empresa que gestiona la obra pública de la Generalitat.
Comparecencia mensual
El magistrado, sin embargo, rechazó la medida cautelar planteada por el ministerio público y acordó dejar en libertad con cargos a Josep Antoni Rosell, aunque le retiró el pasaporte y, además, le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado.
También en libertad, con el pasaporte retirado, quedó el directivo de la empresa Oproler Sergio Lerma, que se sospecha pagó comisiones a fundaciones afines a CDC para lograr la adjudicación de obras y servicios públicos. Lerma quedó en libertad bajo una fianza de 50.000 euros con la obligación de presentarse en el juzgado una vez al mes
El juez dejó además en libertad a Xavier Tauler, consejero delegado –desde hace un año solo con funciones consultivas– de Copisa, una empresa adjudicataria habitual de obra pública de la Generalitat.
Otro de los que quedaron en libertad con cargos tras comparecer ante el juez es Jordi Soler, directivo del Grupo Soler que se sospecha pudo pagar una comisión por la construcción de un centro cultural de Sant Fruitós del Bages (Barcelona), adjudicada en 2009 y financiada con fondos del llamado plan E, impulsado por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
También están en libertad con cargos desde el jueves, sin comparecer ante el juez aunque con la obligación de hacerlo como imputados cuando se les cite, los dos empleados del área financiera de CDC detenidos –Carlos del Pozo, secretario del patronato de la Catdem, y Anna Dolors Benítez-, así como otros cuatro de los empresarios arrestados.
