La mayoría de las autonomías solo permitirán la vuelta a las aulas en lo que queda de curso a los alumnos de secundaria que están en el último año de sus etapas educativas –4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP media y superior, y curso final de Enseñanzas de Régimen Especial– y que así se lo demanden. El resto concluirá el año académico telemáticamente.
La Conferencia Sectorial de Educación, que reunió durante cuatro horas a la ministra y a todos los consejeros, dejó claro que no habrá postura común sobre cómo abordar el final de curso. Cada territorio tiene sus propios planes sobre quién debe volver a clase y cuándo, o si mantendrá el cierre hasta septiembre.
Al final, Isabel Celaá admitió que cada autonomía es competente para tomar sus decisiones dentro de las normas marcadas por el Gobierno para la desescalada: no podrán darse clases presenciales hasta la fase 2 –que no comenzará antes del 25 de mayo–, los grupos no pueden ser superiores a 15 alumnos, se aplicarán todas las medidas de seguridad, se deben evitar las aglomeraciones y la asistencia a clase será voluntaria.
Los consejeros adelantaron que no abrirán las aulas este fin de curso a los niños de 0 a 6 años, y portavoces de Castilla y León y Murcia apuntaron que barajan no abrir los colegios e institutos hasta septiembre. El ministerio, no obstante, recordó que la posibilidad de atender en el aula en las próximas semanas a alumnos de Infantil, así como a estudiantes que precisen de clases de refuerzo o a escolares de centros de educación especial, está autorizada por el Gobierno.
La organización y realización de las pruebas de la EBAU, a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio según la comunidad, serán responsabilidad exclusiva de cada autonomía, que deberá determinar los lugares de examen y garantizar las condiciones y medios para evitar los contagios.
La tercera cumbre educativa que se celebra desde el inicio del estado de alarma tampoco llegó a consenso alguno sobre la fórmula con la que se abordará el próximo curso escolar, también condicionado por el coronavirus. El único acuerdo al que llegaron Celaá y los consejeros fue formar un grupo de trabajo que tendrá el encargo cerrar antes de las vacaciones estivales una serie de planes de actuación que orienten a autonomías y centros educativos sobre la forma de organizar el curso y las clases a partir de septiembre.
Este trabajo abordará aspectos como la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital, y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia con soluciones concretas para los tres escenarios posibles: que el curso comience sin necesidad de mantener la distancia interpersonal, que esta medida sea indispensable, e, incluso, que sea preciso volver a suspender las clases presenciales por un rebrote del virus y un nuevo confinamiento.
En cualquier caso, será preciso reducir los currículos a lo fundamental, para recoger lo no dado este curso; y si la distancia interpersonal es obligada en septiembre habrá que dividir los grupos y adaptar estancias para acogerlos, combinar la docencia presencial con la telemática y poner varios horarios de entrada y salida.
El ministerio está diseñando un plan con financiación estatal para asegurar la docencia telemática ante posibles rebrotes. Dotaría de equipamiento tecnológico y nuevas herramientas a los centros, formaría en su uso a profesores y alumnos, establecería contenidos y sistemas de evaluación ‘online’ y enfrentaría la brecha digital al seguir y dar apoyo a los alumnos con más problemas para aprovechar la docencia telemática.