La violencia contra la mujer es una lacra extendida por toda la UE, para cuya lucha se precisa avanzar hasta lograr definiciones claras y lo más armonizadas posible en todo el ámbito comunitario, advierten desde el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). "Tener una definición legal nos asegura que se criminalice debidamente la violencia de género y además aporta una base para los conceptos estadísticos y recolección de datos", afirma en entrevista a Efe Cristina Fabré, experta del EIGE, agencia de la Unión Europea (UE) con sede en Vilna, la capital de Lituania.
Una falta de definiciones específicas puede "invisibilizar la violencia de género", prosigue esta española, en el EIGE desde hace dos años y actualmente al frente de su departamento dedicado a la violencia sexual o su expresión más dramática, el feminicidio. Sin embargo, hoy por hoy, la mayoría de las definiciones penales sobre las distintas formas de la violencia de género "son neutras en cuanto al género" y solo en cuatro de los 28 Estados miembros -entre ellos España- se dispone de este dato, prosigue Fabré.
Una legislación sin perspectiva de género conduce a la negación de la violencia contra la mujer, argumenta, que recuerda la advertencia en esa dirección lanzada desde la ONU. La labor de Fabré en EIGE se centra en la recolección de datos sobre violencia, uno de los ámbitos de actuación de esta agencia europea, creada en 2010 y dotada de 50 expertos, que tratan de acotar los déficit y avances en la UE en equidad de género.
La violencia contra la mujer es una lacra extendida en todas las capas sociales y países de la UE, recuerdan insistentemente en EIGE, cuyas estadísticas reflejan cómo en la gran mayoría de las muertes entre miembros de una pareja o expareja la víctima es una mujer. En Alemania, donde hasta hace poco esos casos apenas trascendían a los grandes medios de comunicación por considerarse "dramas privados", prácticamente cada dos días muere una mujer a manos de su pareja o expareja (149 en 2016), diez veces más que los casos recabados en que la víctima fue un hombre.
Parecidas proporciones se observan en el índice anual publicado por EIGE -apoyado en datos de Eurostat- sobre feminicidios en el conjunto de la UE, sean los que consideran esos crímenes aún como algo privado o los que, como España, le dan una mayor visibilidad. La falta de legislaciones armonizadas de la UE explica, por otro lado, que sean escasas las órdenes de protección europea solicitadas por mujeres víctimas de violencia de género -EIGE solo tuvo constancia de siete casos en 2017-, lo que "contrasta con el número de medidas de protección" a escala nacional, apunta la consultora.
Desde el departamento de Fabré se trata de acotar definiciones nacionales e internacionales en torno a tres delitos: agresión sexual, violencia entre los miembros de una pareja y feminicidios, con el objetivo de proponer al menos una definición común. En el caso de España, el EIGE, dirigido por Virginija Langbakk, valora positivamente que "se haya abierto el debate para la recolección de datos no solo de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, sino también por razón de género", recuerda Fabré.
Esa voluntad de "sistematizar los datos" evidencia, añade, un "deseo de evaluar la efectividad de su legislación y de las medidas implementadas". España es país destacado, en lo positivo, en las estadísticas recabadas por el instituto de Langbakk en los distintos apartados en que se miden los avances hacia el objetivo de la igualdad de género. En el índice de 2017, que mide los avances en ese ámbito en una escala que va del 1 -o cero equidad- al 100 -o plena igualdad-, España se sitúa en un 68,3, frente a la media comunitaria del 66,2.
Dicha escala analiza aspectos como igualdad en el ámbito laboral, donde España se sitúa en el 72,4, frente al 71,5 comunitario, o el acceso a la sanidad, con 89,6 puntos para España frente a 87,4 para el conjunto de la UE- "España es un de los países de la UE con más datos disponibles para medir la extensión de la violencia", sostiene Fabré. Sin embargo, los avances españoles en la lucha contra la violencia de género podrían serlo más si se lograra una mejor coordinación entre todos los estamentos implicados.
"En España hay muchos organismos que recogen datos. El Poder Judicial, las Fiscalías, la policía", apunta Fabre, lo que a su vez se diversifica en múltiples escalas -nacional, autonómica o local- y "precisa de una importante labor de coordinación", aspecto éste que necesita optimizarse.
