El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha citado a declarar como investigados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
La titular de dicho juzgado, que mantiene abierta esta investigación a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, también ha citado a declarar en calidad de investigadas a otras siete personas, así como a tres en calidad de testigos.
La decisión de la juez Beatriz Biedma ha sido adoptada tras algo más de cinco meses de investigación judicial, un periodo de tiempo en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado hasta en tres ocasiones en dependencias de la Diputación de Badajoz para recabar información e incautar el contenido de correos electrónicos, y se han solicitado informes tributarios y bancarios.
Una vez analizado el contenido del informe de la UCO, la jueza considera que existen “indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias).
En lo relativo al presunto delito contra la Hacienda Pública (malversación), otro de los ejes de la investigación, no específica tales indicios, pero sí solicita a una entidad bancaria que le aporte el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que puedan constar a nombre de David Sánchez. Administración pública
Por lo que respecta a este último, que inició su relación laboral en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios de música y seis años después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, la jueza, en su auto, centra su atención en un capítulo del informe de la UCO sobre “la modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto de Coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz”.
Así, ha solicitado en este mismo auto a la Diputación pacense que aporte el Reglamento Regulador del procedimiento para la aprobación, revisión y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2023, en el que se afirma que la modificación de la denominación del puesto ‘coordinador de actividades de los conservatorios de música’ a ‘jefe de la Oficina de Artes Escénicas’ estaría, al parecer, “eximido del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo”.
Además, pide la entrega de las fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de Puestos de Trabajo de la Diputación de los últimos 4 años, las bases para la provisión del puesto de trabajo de coordinador/a actividades conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en Régimen Laboral de Alta Dirección y los organigramas de la Delegación de Cultura correspondientes al periodo 2016-2024. Hacienda pública
Con respecto “al supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, y una vez analizadas las declaraciones de bienes que este ha presentado ante la Diputación, la UCO “no ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones que alcancen el valor de 1,4 millones de euros”.
Se explica por la UCO, y así lo expone la jueza, que se trataría de un cálculo erróneo, pues en las declaraciones de los años 2017, 2019 y 2021 en el campo “valor nominal” se refleja la unidad de medida en euros y en las de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, “por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas”.
Para aclarar tal circunstancia, la jueza libra oficio al banco con el fin de que informe al Juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez. Citaciones
La jueza ha citado a declarar el próximo 9 de enero como investigados a David Sánchez, actual director de la Oficina de Artes Escénicas, y a Miguel Ángel Gallardo, así como a otras siete personas más -algunas al día siguiente-, entre ellos responsables y exdirectores o exjefes de Gestión Administrativa, Recursos Humanos y del Área de Cultura.
Además, considera necesaria la toma de declaración como testigos del responsable del Conservatorio Superior de Música y de su antecesor, y de la directora del Conservatorio Profesional de Música.
Finalmente, y con respecto al diputado autonómico Antonio Garrote, que estuvo en la Diputación ostentando varios cargos, la jueza subraya su condición de aforado.
En este sentido, remarca que no se fija la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura “más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado”. Por lo tanto, hasta que no se alcance “un nivel de solidez de indicios”, corresponde seguir la instrucción al Juzgado.