La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunta intervención en el denominado caso Koldo, y ha pedido al juez que se dirija al Tribunal Supremo para poder investigarle, al estar aforado.
Fuentes fiscales han informado de que el Ministerio Público ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que apoya que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para que abra una investigación al diputado y exministro.
Lo hace, según las fuentes, al considerar que José Luis Ábalos pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en el marco de una trama de posibles irregularidades en la adjudicación pública de contratos de mascarillas en plena pandemia, en 2020, y al presunto cobro de comisiones.
La Fiscalía se pronuncia de esta forma después de que el juez Ismael Moreno solicitase al Congreso la acreditación correspondiente de que Ábalos es diputado, como paso previo a pedir al Supremo que le investigue, al no tener la Audiencia Nacional competencia para hacerlo.
El escrito del Ministerio Público, que no ha sido difundido aún, se fundamenta en el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuía al exministro de Transportes un «papel relevante y de responsabilidad» en el caso Koldo, que lleva el nombre de su exasesor Koldo García.
Los agentes, que también pedían investigar a Ábalos, aludían a pagos en efectivo que supuestamente recibió Koldo García por parte del empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y que perseguían -dicen- su acceso tanto al exasesor del exministro valenciano como al propio Ábalos, a quien se referían como «el jefe».
«Esos pagos en efectivo fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos», apuntaba el informe, que señalaba que el empresario De Aldama se habría valido asimismo de su relación con él y su asesor para «influir» en la concesión del rescate de Air Europa.
La Guardia Civil sospecha que la actuación de Ábalos «habría resultado crucial» en la adjudicación de un contrato de mascarillas de Puertos del Estado -entidad dependiente del Ministerio que dirigía- a la empresa Soluciones de Gestión.
Esa fue la primera adjudicación y la más elevada de las que se investigan -20 millones de euros-.
La UCO hablaba de «una relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo-Ábalos» y, para ejemplificarlo, mencionaba, por ejemplo, la adquisición por parte del empresario de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz), por medio millón de euros, del que en realidad habría disfrutado el exministro.
Los agentes también hacían referencia a cómo el empresario Víctor de Aldama se jactaba en conversaciones de la influencia que, supuestamente, ejercía en el Ministerio de Transportes a través de Ábalos y su entonces asesor.
«Ya con el ministro de Fomento lo tengo todo armado», afirmó De Aldama en una conversación con un diputado mexicano.
El primer encuentro entre ambos fue en agosto de 2018 gracias al hermano de De Aldama, quien entonces realizaba labores de escolta para Ábalos.