La fiscalía ha vuelto a criticar en un escrito la «falta de argumentos» del magistrado Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional por atribuir el delito de terrorismo a Carles Puigdemont y el resto de investigados en la causa del Tsunami Democrátic y ha constatado el «nulo avance de la investigación en este sentido».
El ministerio fiscal considera «totalmente injustificada e inmotivada» la decisión del magistrado de pedir al Supremo que se quede la causa.
Además, ha acusado a García-Castellón de hacer «prolongaciones artificiosas» para dilatar la tramitación del recurso que la fiscalía presentó contra el auto del magistrado que acordaba investigar a Puigdemont, Marta Rovira, Ruben Wagensberg y otras nueve personas por terrorismo.
En el escrito, adelantado por el diario ‘El País’, la fiscalía se adhiere a los recursos de dos investigados en contra de la decisión de García-Castellón de confirmar la exposición razonada en el Supremo.
El ministerio público considera «sorprendente» que se enviara la causa al Supremo cuando la Audiencia Nacional todavía no ha resuelto el recurso de la fiscalía contra la resolución que investiga por terrorismo a Puigdemont, Rovira y al resto de encausados.
En este sentido, carga contra García-Castellón por establecer “prolongaciones artificiosas” con sucesivos traslados del recurso de la fiscalía a partes que se van personando a la causa sin exigirles que presenten sus propios escritos, “dilatando así la tramitación del recurso ”.
“Las escasas diligencias practicadas en tan pocos días”, continúa, se refieren a las consecuencias que los disturbios que se produjeron tras la sentencia del proceso, pero “en ningún caso a nuevos indicios de imputación contra los aforados que precipitaran la remisión de la exposición razonada en el Supremo”.
«Hasta ahora, el instructor ha llevado a cabo diligencias que no han incidido en absoluto ni han aportado ningún dato nuevo sobre la inculpación de los aforados», en referencia a Puigdemont y Wagensberg, el primer eurodiputado y el segundo diputado en el Parlament.
Sobre el expresident, remarca que «resulta especialmente significativo en su caso, puesto que ni siquiera la Guardia Civil efectuaba ninguna atribución de los hechos objeto de investigación».
A su juicio, resulta «del todo incongruente» acordar una serie de diligencias en la resolución de inculpación del 6 de noviembre y sin esperar a su resultado, pretender enviar la causa al Supremo. La fiscalía incluso concluye que coincide con los apelantes (Marta Molina y Josep Alay) en que García-Castellón “llega a confundir al Tsunami Democrático con los CDR”.
También critica que el magistrado haya ampliado el objeto del procedimiento sin justificación, con la práctica de diligencias para acreditar hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil.