El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del Procés, más de una veintena de ex altos cargos de Catalunya, por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas, que este martes ha citado a las defensas de los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, para comunicarles los expedientes.
En este documento, al que ha tenido acceso EFE, se especifica el alcance de la "responsabilidad subjetiva" atribuida a cada uno de los 42 cargos citados hoy en la sede del Tribunal para notificarles el expediente y detalla la cuantía atribuible a los actos vinculados al desvío del dinero.
Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un "encuentro de delegados" y 21.175 euros por el concepto "contratos".
Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el Procés en numerosos países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido y EE.UU. Francia, Ginebra (Suiza), Polonia Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.
Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones de Diplocat en EE.UU., por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros y de su personal en el exterior y ante la UE por 127.813 euros.
En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y "observación electoral".
Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros y otro que acumula 932.125 euros que agrupa "visitas internacionales a líderes de opinión" junto a "visitas internacionales a periodistas", "análisis y prospectiva", "comunicación" y "promoción en red".
Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros, y por la plaza del jefe de la oficina de prensa, otros 134.286, a los que se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.
Las "ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas" supusieron, siempre según el Tribunal de Cuentas, 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal, que con los intereses alcanza los 5.422.879 euros.
Todas estas cifras figuran en el expediente que este martes notifica el Tribunal de Cuentas a los 42 presuntos responsables del desvío de dinero público del Diplocat al 1-O, de los cuales ha acudido en persona el exconseller catalán y exdiputado del PDeCAT, Francesc Homs, quien ha lamentado haberse enterado por la prensa el contenido del expediente provisional.
Además, ha arremetido contra el órgano fiscalizador al aseverar que no se trata de un verdadero tribunal. También el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha lamentado a las puertas del tribunal la filtración del expediente, además de considerar el procedimiento una tomadura de pelo" porque cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para hacer "una derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior" del Govern.
Por su parte, el exconseller Homs, ha remarcado que el hecho de no conocer antes la liquidación provisional en su opinión "ilustra la categoría de este tribunal, que no es tribunal, porque no forma parte de la Justicia", al ser un órgano constitucional ajeno a la Administración de Justicia.
Los presuntos responsables del desvío de fondos para promover el referéndum ilegal del 1-O, entre los que también figuran los exconsellers Raül Romeva y Neus Munté, han sido citados para este martes junto a representantes de la Generalitat, de Diplocat, de los Abogados Catalanes por la Constitución, de Sociedad Civil Catalana, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía.
Según informó el Tribunal de Cuentas antes de acordar esta citación, los condenados por el Procés ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.