El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado de plano un recurso de la Fiscalía y se ha reafirmado en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.
La Fiscalía, que discrepa abiertamente de que los disturbios de 2019 atribuidos a este movimiento en respuesta a la sentencia del "procés" puedan ser calificados de terrorismo, recurrió hace meses tanto la decisión del juez de dirigirse contra Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, como la resolución en la que pedía al Supremo investigar al expresidente catalán al estar aforado como eurodiputado.
Al margen de cómo discurra en la vía parlamentaria la tramitación de la proposición de ley de amnistía, en el plano judicial, el juez ha dictado un auto en el que rechaza este último recurso del fiscal y sostiene que las últimas diligencias que ha llevado a cabo en la investigación han afianzado su tesis inicial de que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo.
Se refiere, concretamente, a la documentación que ha ido solicitando para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, sede de algunos de los disturbios que se investigan.
El juez, que trata de indagar si este fallecimiento tuvo relación con las protestas, menciona en su auto documentación aportada por los Mossos sobre lo que ocurrió aquel día o la personación en la causa de varios policías que fueron lesionados días después en otros incidentes.
García Castellón cuestiona que tenga que "insistir" ante la Fiscalía "sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo" y rechaza que no haya fundamento para pedir al Supremo investigar a Puigdemont.
El juez insiste en "la gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran", la "clara afectación" que tuvieron los "intereses generales" y a las "estructuras económicas esenciales del Estado" y los daños y lesiones que se causaron en las protestas.
Todo ello, subraya, no sólo exige el esclarecimiento de los hechos "promoviendo la acción de la Justicia", sino que también implica la "defensa de la legalidad" y que la investigación sea dirigida por el órgano judicial competente, en su opinión, el Tribunal Supremo.
El juez ha dictado este auto una vez han decaído las recusaciones que plantearon contra él varios investigados que cuestionaban su imparcialidad.
Al margen de esta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver, a petición de la Fiscalía, si ratifica esos indicios de terrorismo que ve el juez o considera, como el fiscal, que se trata de desórdenes públicos.
El magistrado ha dictado un segundo auto en el que ha rechazado un recurso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, contra su decisión de dirigirse a Suiza para que comunique oficialmente su paradero.