El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que se espió a un número determinado de independentistas, cerca de una veintena y no los 65 que publicó The New Yorker, y lo ha justificado mostrando a los diputados con acceso a información reservada las autorizaciones que, para llevar a cabo ese espionaje, dio el juez del Tribunal Supremo adscrito al órgano de inteligencia, Pablo Lucas.
Pero las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban, ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados no han convencido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián. «Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales», ha dicho Rufián, quien sostiene que no incumple la ley --que obliga a los miembros de esta comisión a guardar silencio sobre lo que allí se trata-- al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya «filtradas» a los medios de comunicación.
Según ha detallado, Paz Esteban ha acudido a la cita con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa Pegasus y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación. Rufián ha rehusado especificar a cuántas personas se habría espiado con orden judicial, según la versión del CNI, alegando que podría «inhabilitarle» si lo hacía. Según su versión, para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o la ministra de Defensa, Margarita Robles; la directora del CNI ha apuntado dos posibles ‘culpables’: uno o varios países extranjeros, o miembros de «otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje con un programa parásito como Pegasus, en referencia a las denominadas ‘cloacas’ del Estado.
El PP compró Pegasus, según Rufián
En este punto, ha recordado que en distintas comisiones de investigación se ha certificado la existencia de esos ‘elementos descontrolados’ que han espiado de forma ilegal e incluso que «el PP compró Pegasus vía (su ex secretaria general y ex ministra de Defensa) María Dolores de Cospedal, a través del comisario (José Manuel) Villarejo».
En este contexto, Rufián ha añadido que «cuando se señala a una nación extranjera o a otros organismos del Estado» se está «señalando también a Interior». El portavoz de ERC no ha querido contestar a si la jefa de los espías ha dado más nombres de espiados del Ejecutivo más allá de Sánchez o la ministra de Defensa pero, en otro momento de su declaración, ha dado por hecho que «seguramente» hayan sido espiados otros «altos cargos del Gobierno».
Para Rufián, si ha sido una nación extranjera la que ha espiado al Gobierno, evidenciaría «un terrible agujero de seguridad nacional». «Si una nación extranjera espía por la cara o por sus ideas a gente se pondría en entredicho la seguridad del Estado y, por ende, sus máximos responsables en este caso las máximas responsable tendrían que dimitir», ha dicho, señalando a Robles y a la propia Paz Esteban, cuya situación considera «insostenible».
En su opinión, también sería «mala» la opción de que haya habido «competición entre organismos del Estado para espiar a independentistas». En este caso, desde su punto de vista, las responsabilidades deberían alcanzar también al Ministerio del Interior.
Vox desmiente la versión de elementos incontrolados
No obstante, esa versión ofrecida por Rufián sobre supuestos elementos incontrolados de los aparatos del Estado no ha sido confirmada por otros asistentes a la comisión, ni siquiera en conversación privada. Es más, algunos portavoces la han desmentido públicamente, como Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, quien ha remarcado en rueda de prensa que no hay constancia de esas actividades fuera de la jerarquía del CNI.
Según ha subrayado, Paz Esteban ha dejado claro que nada se ha hecho fuera del marco normativo ni de la jerarquía: «No hay nada que se salga de la ley, ni nadie que actúe por libre o fuera de una estructura jerarquizada --ha afirmado--.
En absoluto se puede deducir eso de elementos incontrolados». La comparecencia de la directora del CNI ha confirmado la «preocupación» de los independentistas y de Podemos mientras que ha reafirmado en el cumplimiento de la legalidad al PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos.
Sin móviles, pero con cuaderno
Los portavoces de los grupos parlamentarios han sido obligados a dejar sus teléfonos móviles en el exterior de la sala donde se ha celebrado la comparecencia, pero sí han tenido oportunidad de consultar y tomar notas durante algunos minutos de la documentación aportada por Paz Esteban, según han revelado algunos de los presentes.
De lo que no han tenido detalles, según han apuntado, ha sido del uso o no del programa Pegasus por parte del CNI, cuya directora se ha acogido al artículo 11 de la ley que regula los servicios secretos y que marca que el Parlamento podrá tener acceso al conocimiento de las materias clasificadas «con excepción de las relativas a las fuentes y medios».
Las mismas fuentes han apuntado que tampoco ha respondido a las preguntas de los portavoces parlamentarios sobre el espionaje a los teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo y de la ministra de Defensa, ya que el orden del día solo aludía a los independentistas incluidos en el informe de ‘Citizen Lab’.
En cualquier caso, aseguran que Paz Esteban ha celebrado la constitución de la Comisión de Gastos Reservados tras casi dos años y medio de legislatura y se ha ofrecido a comparecer siempre que sea requerida.
