El Govern de Catalunya ha aprobado un decreto ley que regula el alquiler de temporada en la comunidad para evitar la picaresca de los propietarios que se pasan a este tipo de contratos para eludir la aplicación del límite de rentas, restringiendo sus usos e introduciendo sanciones.
El Ejecutivo catalán ha tomado esta decisión de urgencia en su reunión de este miércoles, un día antes del arranque de la campaña electoral de los comicios del próximo 12 de mayo.
La consellera de Territorio, Ester Capella, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern que la Generalitat pretende evitar la «picaresca» y «que se haga efectiva la contención de las rentas en toda su extensión» ante «el vacío legal» de la ley estatal de vivienda.
En concreto, el decreto ley modifica la ley catalana de la vivienda de 2007 y acota los usos en los que los contratos pueden considerarse de temporada para diferenciarlos de los permanentes, que son los obligados a aplicar el tope de precio si están situados en zonas de mercado tensionado y son propiedad de grandes tenedores.
Así, los alquileres de temporada quedarán limitados para usos de ocio, vacaciones y recreativos, como podría ser un congreso o un festival, mientras que no podrán utilizarse para fines laborales, estudiantiles o incluso médicos, aunque la duración del contrato sea corta.
El Govern pretende con esta medida proteger a los inquilinos ante la fuga de alquileres permanentes hacia temporales que ha detectado desde que hace poco más de un mes entró en vigor el control de rentas, al tiempo que se «desincentiva» los «usos fraudulentos», según fuentes del Departament de Territori.
El decreto ley también regula por primera vez el alquiler de habitaciones y determina que la suma de sus rentas no podrá ser más elevada que el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran
