El esperado dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en España ha tenido, como ya ocurriera con su borrador, una interpretación diametralmente opuesta por parte del Gobierno, que considera que ratifica su «aval» a la ley, y el PP, que entiende que supone «un nuevo varapalo» para el Ejecutivo.
Frente a esa disparidad de interpretaciones, el representante de la ponencia, Martin Kuijer, al ser preguntado directamente sobre si el informe avalaba o no la amnistía, ha respondido que a este órgano consultivo del Consejo de Europa no le corresponde responder a esa cuestión, que atañe a los actores políticos españoles.
El Gobierno sí ve un claro aval en el dictamen y hace hincapié en que este reconoce que todos los países analizados pueden aprobar amnistías -también los que no tienen previsión constitucional- y que la proposición de ley española no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes.
La ley es legítima para buscar la reconciliación, destaca el Ejecutivo del contenido del informe, y además entiende que tumba «la principal mentira del PP» en el sentido de que este organismo exigía una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo.
Aunque recomienda que haya una mayoría más amplia, la comisión reconoce que esta iniciativa puede aprobarse mediante una ley orgánica, subrayan desde el Gobierno.
El informe de la comisión aboga en sus recomendaciones por esa mayoría cualificada al entender, en palabras de su portavoz, que «es especialmente importante dados los potenciales efectos divisivos de una amnistía que haya una mayoría amplia apropiada que vote a favor para construir puentes».
Al margen de esas recomendaciones de buscar mayorías amplias, acotar el alcance temporal y la cobertura de la amnistía, y evitar en lo posible un trámite legislativo acelerado, el Gobierno se queda con que el dictamen, como ha explicado Kuijer, señala que «la normalización, como se dice en España y en el título de la ley, es un objetivo legítimo».
Si el Gobierno cree que el PP miente en su interpretación del texto, también fuentes de este partido señalan, por su parte, que el dictamen «evidencia las mentiras del PSOE».
Aseguran en el PP que la Comisión de Venecia «saca los colores a Sánchez» y, en su interpretación, sostiene que «vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial».
Respecto a uno de los puntos más polémicos de la ley, la cobertura de los delitos de terrorismo, el PP dice que el informe advierte de que la ley permite que algunos de estos delitos tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados».
No lo ve así el Gobierno, que entiende que la Comisión de Venecia desmonta los argumentos del PP al afirmar que, como hace la ley española, deben quedar excluidos del alcance de la amnistía los delitos que supongan violaciones graves de los derechos humanos.
En este sentido, el informe señala: «las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de derechos humanos».
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones a los periodistas en Bilbao, ha calificado de «respaldo absoluto» el informe de la comisión y ha agradecido irónicamente al PP y al Senado el haber recurrido a esta instancia para despejar dudas.
Se ha referido a la recomendación del dictamen de buscar una mayoría lo más amplia posible y ha aprovechado para instar al PP a sumarse al consenso sobre la ley. «Ya no hay ninguna duda -ha insistido- ni hay riesgo para la división de poderes, ni se quiebra la igualdad entre españoles, ni es necesaria una reforma constitucional».
Por su parte, Pedro Rollán, presidente del Senado, se ha mostrado muy satisfecho respecto al contenido del informe que ha asegurado que recoge las cinco enmiendas presentadas por la Cámara y que, entre otras cuestiones, considera que apuesta por una reforma constitucional para aprobarla.