Los costes históricos que la luz está marcando este 2021, prácticamente desde el primer día del año, ha impulsado a las familias vulnerables a buscar alguna solución para ahorrarse unos euros en el recibo. Entre las opciones disponibles, la del bono social es la única con la que se consigue una rebaja directa de la factura. A pesar de su complejidad administrativa, en el primer semestre de año han sido 194.456 los hogares que han accedido a esta ayuda que supone un descuento en la parte del consumo eléctrico de entre un 25% y un 50%.
El dato, actualizado por el Ministerio de Transición Ecológica, supone un crecimiento del 17,7% con respecto al registro de finales de 2020, cuando había 1,09 millones de perceptores. Este incremento ha coincidido con un contexto marcado por los elevados precios de la luz. En enero, con la borrasca de frío Filomena, el coste de la energía se disparó hasta por encima de los 90 euros por megavatio/hora (mwh), una referencia que ya era muy elevada. En los meses posteriores cayó. Pero a partir de abril, los precios volvieron a empezar a incrementarse hasta que en junio han alcanzado nuevos máximos, llevando a la última factura a convertirse en una de las tres más caras de la historia.
Solicitudes disparadas
Y lo han hecho después de que el año pasado muchas familias se quedaran sin esta ayuda por falta de información a la hora de solicitarla o, directamente, por no optar a su renovación. El goteo de hogares que fue perdiéndolo aumentó de forma considerable desde que el 30 de septiembre del año pasado volviera a estar activa la obligación de solicitar la renovación de esta ayuda a medida que se cumplan los dos años desde que se concedió en cada hogar. No todos los ciudadanos eran conscientes de este procedimiento, habitualmente por desinformación, más aún después de que esta obligación de renovarlo quedara suspendida temporalmente durante el primer estado de alarma y el verano del año pasado. Estos cambios normativos ya provocaron que unos 133.000 titulares dejaran de ver cómo sus compañías les aplican el correspondiente descuento en sus recibos.
A finales de noviembre de 2020 tenían reconocido este derecho 1.207.500 beneficiarios. Sin embargo, en agosto de hace casi un año el sistema registró el máximo histórico, con 1.339.233 titulares. En esos tres meses medió la necesidad de renovarlo. Lo deben hacer las familias que hayan disfrutado del bono tras dos años, a medida que se vaya cumpliendo ese plazo en cada contrato. Pero, en realidad, una buena parte de los perceptores no lo hicieron. Por ello, en el tramo final de 2020 cayó el número de hogares acogidos en un 10% con respecto al máximo del verano. Y lo hizo a las puertas del invierno, con temperaturas más bajas que obligaron a mantener las viviendas en unas condiciones de habitabilidad más adecuadas tirando más del uso de la electricidad.
Con los últimos datos sobre la mesa, los potenciales perceptores del bono social se han informado y han presentado sus solicitudes, a la vista de la evolución de los precios eléctricos.