Son muchos los propietarios de tierras en el Baix Penedès que hace meses reciben golosas ofertas por sus propiedades. Son cultivos cada vez más difíciles de trabajar por los precios de miseria que se pagan por los productos. Además la sequía hace estragos en las plantas en forma de baja producción cuando no las mata.
Esa situación deja en indefensión al territorio frente al intento de desembarco de grandes empresas ávidas de suelo para plantar huertos solares.
Para los propietarios puede llegar a ser una tentación difícil a la que resistirse. Sin relevo generacional en el campo, con una edad ya de jubilación y una posibilidad de sacar partido a las tierras.
Los ayuntamientos intentan minimizar el impacto reduciendo las hectáreas con la calificación que permitirían huertos solares. La junta de gobierno de Sant Jaume dels Domenys (Convergents y Endavant Sant Jaume) ha encargado una modificación de las normas subsidiarias para reducir las zonas aptas para albergar zonas fotovoltaicas. Principalmente se pretende ampliar el radio de las zonas habitadas en base al proyecto presentado en julio.
Dos opciones sobre la mesa
Ahora se redacta una nueva versión para tener dos opciones y poder decidir con una mayor exactitud. Según el gobierno en mayo del pasado año el equipo formado por Endavant Sant Jaume y ERC contrató los servicios de una empresa especializada en planeamiento para regular las zonas donde poder instalar huertos solares en el municipio.
Un primer estudio cifra en 700 las hectáreas en las que podrían llegar a instalarse placas
El encargo fue porque la comisión de Urbanisme de la Generalitat notificó que los trabajos de los técnicos municipales para las normas subsidiarias eran poco concretos para albergar esas instalaciones. El nuevo gobierno en junio de 2023 siguió con la modificación de las normas que finalizaron en noviembre de 2023.
El proyecto de ordenación contemplaba la posibilidad de instalar parques solares en hasta 700 hectáreas de las que 104 estarían junto a viviendas. No era para ocupar toda esa superficie, pero el volumen posible generó rechazo en muchos vecinos.
El alcalde, Magí Pallarès, ya dijo que «no hay nada aprobado» y que ese estudio de posibles ubicaciones lo encargó el anterior equipo de gobierno. El documento señala a las zonas prioritarias y no prioritarias. «No se ocuparían las 700 hectáreas. Sólo indica dónde podrían haber placas de llegar una propuesta».
Señaló que en septiembre se organizarían reuniones con los vecinos para analizar la situación. Y la decisión es un recorte.
«El compromiso de trabajar para tener un municipio protegido contra los grandes parques solares. Ahora se espera a la nueva versión de normas subsidiarias que estará en unos meses.
El objetivo es ubicar las zonas que correspondan a la cuota necesaria para generar energía en el municipio. «No queremos vivir dentro de un parque solar», señalan.
