El gerente de la oficina de turismo de L’Espluga de Francolí se enfrenta a 18 años de cárcel. La Fiscalía de Tarragona le acusa de un delito continuado de agresión sexual y de abusar de «la especial situación de vulnerabilidad» de la víctima, que es ciega. También le pide ocho años de libertad vigilada y 50.000 euros de indemnización de responsabilidad civil.
Según el escrito de acusación, los tocamientos y agresiones sexuales se iniciaron en diciembre de 2015 y se alargaron hasta junio de 2016. La trabajadora denunció los hechos un mes después. El Ministerio Fiscal relata que la víctima se quedaba en shock y sin poder moverse cuando sufría los abusos y que el investigado «se aprovechaba» de la superioridad laboral.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la víctima empezó a sufrir presiones por parte del procesado entre octubre y noviembre del 2015. El relato apunta que el hombre le recriminaba que no hacía bien el trabajo en la oficina de turismo y que la «controlaba demasiado».
Empeoró la situación
Entre diciembre de ese mismo año y enero de 2016, explica que la situación empeoró, ya que el acusado aprovechaba los momentos en que estaban solos para hacerle tocamientos. «El acusado colocaba a la víctima hacia el mostrador y le tocaba las partes más íntimas por debajo de la ropa, quedándose ella en choque, sin poder moverse», indica el escrito.
Los tocamientos se repitieron en reiteradas ocasiones hasta finales de enero cuando empezaron las violaciones. Estas agresiones se producían entre una y tres veces por semana y se prolongaron hasta el 23 de junio de 2016, cuando el investigado cogió vacaciones.
«El acusado siempre utilizaba su fuerza para sujetarla y le obligaba a mantener relaciones sexuales, propinándole bofetadas y colocándola contra la pared, sillas o mesas de la oficina; se aprovechaba de su superioridad laboral y de la discapacidad visual de la víctima -ceguera del 100%- para mantener relaciones siempre sin su consentimiento», subraya el fiscal.
La mujer denunció los hechos a los Mossos d’Esquadra el 17 de julio del mismo año, después de contárselo a su psicólogo, entrenador y padre.
Pánico y angustia
A consecuencia de las agresiones, la víctima ha sufrido ataques de pánico y angustia, que han requerido tratamiento psicológico. Por todo ello, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, con acceso carnal, abusando al acusado de «la especial situación de vulnerabilidad de la víctima».
Por eso, pide dieciocho años de cárcel para el gerente, ocho años de libertad vigilada una vez que se ejecute la pena y la inhabilitación por cualquier trabajo, oficio o actividad relacionada con menores de edad. Asimismo, solicita la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante un período de 26 años.
En cuanto a la responsabilidad civil, pide una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales tanto al acusado como al Ayuntamiento de L’Espluga, al que le atribuye la responsable civil subsidiaria porque la oficina de turismo dependía del consistorio. El juicio está pendiente de señalarse en la Audiencia de Tarragona.
Disolución del INACMU
El pleno del Ayuntamiento de L’Espluga de Francolí aprobó a finales de diciembre pasado iniciar los trámites para disolver el Organisme de Gestió de les Instal·lacions i Activitats Museístiques (INACMU) con los votos a favor del equipo de gobierno.
Con esta acción, el gobierno municipal prevé también la amortización de su gerencia, que le ocupa el hombre acusado de agresión sexual. Aparte de este paso, el consistorio abrió un expediente disciplinario al empleado, como medida «cautelar», que quedó archivado. Sin embargo, el gerente estuvo apartado de su cargo durante seis meses. El alcalde del municipio, Josep Maria Vidal, explicó que de esta forma quieren «reestructurar» el área de turismo.
Querella contra el ayuntamiento
El trabajador denunció al alcalde de L’Espluga de Francolí tras ser apartado temporalmente de sus funciones. De hecho, el juzgado número dos de Valls admitió a trámite la querella contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación, revelación de secretos por funcionario público y calumnias. En la notificación judicial, el juez consideraba que este hecho «presenta indicios de delito» y por ello decidió instruir diligencias previas.
Por ese mismo expediente disciplinario, el gerente de turismo presentó una denuncia en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona. La denuncia también fue admitida y se prevé celebrar la vista el próximo 25 de abril.
