La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha rechazado el proyecto del macrocomplejo de ocio Hard Rock de Tarragona y ha advertido de los riesgos de adicción al juego asociados a un macrocasino: «Este modelo productivo no es el nuestro».
«Si la salida para una zona como la vuestra es que tengamos en Tarragona un macrocasino con más de 1.200 máquinas tragaperras para que nuestros hijos e hijas se socialicen en el juego y puedan acabar destruyendo sus vidas, digo alto y claro que Sumar no va de esto», ha dicho la también ministra de Trabajo en un ‘acto de escucha’ de la plataforma en Tarragona.
Díaz considera un «desastre» vincular el futuro de Tarragona a un proyecto como el Hard Rock -que, precisamente, el PSC sitúa como condición para apoyar los Presupuestos de la Generalitat-, y ha reivindicado el derecho de los tarraconenses a un empleo de calidad. El proyecto turístico y de ocio está pensado para una zona de expansión entre Salou y Vila-seca.
«Lo que no le podemos decir a Tarragona es que comparta el modelo de Ayuso en Madrid», ha criticado, y ha apostado por promover una política industrial en la provincia que sea respetuosa con el medioambiente.
A Tarragona, Sumem‼️
— David Cid (@Ciddavid) January 13, 2023
Amb @Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/kA5q3gRdE6
Aniversario del accidente de Iqoxe
Además, Díaz se ha solidarizado con la concentración vecinal convocada este mismo viernes en Tarragona contra el siniestro en la petroquímica Iqoxe hace tres años -hubo tres muertos- y ha defendido que «ningún proyecto industrial puede poner en peligro» la vida de las personas.
Por eso, la ministra de Trabajo ha defendido impulsar un nuevo plan de seguridad de la petroquímica en Tarragona, para «evitar lo que aquí se ha vivido» y que garantice la seguridad en el trabajo.
España es «plural»
La vicepresidenta también ha afirmado que España es un país plural, con una sociedad diversa «moderna, alegre, que quiere avanzar y no quiere mirar para el pasado», y ha añadido que, tras este ‘acto de escucha’ en Tarragona, este sábado participará en otro en Barcelona.
«Como soy gallega, comprendo muy bien que vivimos en un país plural y diverso. Como soy gallega, tengo una mirada desde el atlántico que me permite sin lugar a dudas comprender mejor las cosas», ha dicho.
Segundo ‘acto de escucha’ en Catalunya
Este es el segundo ‘acto de escucha’ de Sumar Catalunya, tras el que acogió Sabadell (Barcelona) a mediados de octubre: han intervenido expertos, activistas y personas vinculadas a la provincia, además de ciudadanos que han dirigido preguntas a Díaz.
La exdiputada de ICV en el Parlament, catedrática de Antropología y vicepresidenta de la Fundació Nous Horitzons, Dolors Comas, ha pedido mejorar las condiciones de los profesionales cuidadores, y ha lamentado que la ley de dependencia no centre las negociaciones sobre los Presupuestos: «En vez de esto, nos piden, por ejemplo, el Hard Rock. Choca».
«¿Queremos un futuro en el que el territorio sea mercancía?», se ha preguntado el consultor ambiental Joan Pons, que ha alertado del riesgo de que el Hard Rock traiga más adicciones al juego al territorio, y ha pedido a los políticos comprometerse con una nueva economía más verde.
El sindicalista de CC.OO. Joan Canela ha defendido promover un pacto para pilotar la transición del modelo industrial y turístico en Tarragona y ha llamado a promover el desarrollo de las Terres de l’Ebre y, además, preservar el Delta de l’Ebre.
El director de la Cooperativa Combinats -que gestiona la libreria La Capona-, Jordi Collado, ha llamado a impulsar la economía social como alternativa al «modelo extractivista» y fomentar las cooperativas, mientras que la activista Marina Sendra ha pedido dar voz al colectivo LGTBI y promover los talleres formativos para prevenir agresiones.
Díaz ha resaltado que la economía social supone el 10% del PIB español y ha destacado que España es el único país de la UE con un Perte para este sector: «Ese Perte, que es para vosotros, lo tenemos que inclinar y usar bien en cada uno de los municipios».
También ha apostado por un plan estatal sobre derechos LGTBI y ha defendido la acción del Gobierno para «profesionalizar» y cambiar el modelo de los cuidados, que considera que debe ofrecer alternativas a las residencias geriátricas.
