La receta Viñuales para intentar evitar la quiebra municipal ya está en manos de la oposición. El alcalde socialista envió ayer a los partidos su decálogo de medidas para intentar acordar este mes una reforma fiscal con un único fin: generar 14 millones de euros para evitar la «bancarrota» del Ayuntamiento de Tarragona tras la tormenta perfecta que ha supuesto el aumento del salario de los funcionarios, la inflación, la subida de los tipos de interés de los créditos, la caída de los ingresos por la segregación de la Canonja y el hecho de no poder usar el superávit en 2024 para los gastos del día a día.
Según ha podido saber el Diari, el máximo representante municipal ha preparado un contundente paquete de medidas con recortes y encarecimientos que comportaría, en caso de aprobarse, un notable aumento impositivo de cara al próximo año, así como la desaparición de bonificaciones fiscales, recortes y la eliminación de zonas gratuitas de aparcamiento. Toda una revolución en su primer año de mandato que, esto sí, dependerá de que el PSC pueda atraer cinco votos de la oposición.
El grueso del posible aumento de los ingresos se alimentaría, principalmente, de la subida de dos impuestos: el de Bienes Inmuebles –IBI– y el de Construcciones (ICIO). En el primer caso, la propuesta del alcalde contempla incrementar el tipo hasta el 1,143, un gravamen que supone una subida del 20% respecto al actual 0,953 y que según las estimaciones del gabinete de la Plaça de la Font permitiría cobrar 9,9 millones de euros más que en la actualidad. Se trata del principal impuesto municipal.
Asimismo, más elevado es el aumento que se perfila para el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se dispararía un 30%, pasando del actual tipo de gravamen del 3,07% al 4%. Esta variación habilitaría a las arcas municipales a generar 1,1 millones de euros adicionales.
Entre estos dos tributos, pues, el consistorio ya lograría el 78% de los 14 millones que faltan: 11. Asimismo, también a nivel tributario se contempla derogar dos bonificaciones que, a día de hoy, están en vigor: las de los vehículos eléctricos, que cuesta unos 72.000 euros, y las de las placas solares.
2,8 millones en la EMT
La otra gran pata de la generación de ingresos y de ahorro se dibuja en la Empresa Municipal de Transports (EMT). En esta compañía, la de mayor tamaño de las que son propiedad 100% municipal, se busca generar un montante global de 2,8 millones de euros: más de 2,3 en incremento de recursos y unos 547.650 euros en posibles ahorros.
La principal acción que se prevé es la de incrementar en un 20% las tarifas de los aparcamientos soterrados y de los estacionamientos regulados de zona azul y verde al aire libre. Para los primeros, el límite máximo diario subiría un euro, pasando de los 4,95 actuales a los 5,95, mientras que el incremento de las zonas azules y verdes de las calles podría generar otros 371.000 euros adicionales.
Precisamente, el pago por aparcar en la vía pública toma un enorme protagonismo en la propuesta elaborada por Viñuales. Así, se contempla crear unas 3.400 plazas reguladas verdes o naranjas de pago que ahora son blancas o, lo que es lo mismo, gratuitas. Así, según la propuesta que ayer hizo llegar el alcalde a la oposición, se contempla hacer pagar en 1.500 plazas del entorno del Hospital Joan XXIII, generando unos 600.000 euros en 2024, así como en otras 400 de la Vall de l’Arrabassada que darían unos 170.000. En el barrio de Llevant, de hecho, todas las plazas de aparcamiento son actualmente gratuitas.
Asimismo, otra de las grandes novedades del documento es que perfila que 1.500 zonas de parking de las playas pasen a ser de pago low cost durante los meses de verano, desde el 1 de junio al 30 de septiembre. La tarifa sería de un euro al día para lograr unos 170.000 euros. Paralelamente, también se perfilan modificaciones en el centro de la ciudad. Así, las cien zonas naranjas de la calle Enric d’Ossó podrían pasar a ser verdes, así como las 250 del entorno de la calle del Mar. Ello podría traducirse en unos 20.000 euros en ingresos.
Otras de las medidas que en la negociación de partidos estará sobre la mesa es el final de la gratuidad de la zona regulada para los vehículos que tienen etiqueta medioambiental Zero. Esto generaría unos 38.000 euros, mientras que otra propuesta es incrementar el importe de la anulación de un denuncia por sobrepasar el tiempo de estacionamiento, pasando de los ocho euros actuales a los diez para sumar un montante global de 18.000.
En materia de aparcamientos subterráneos, una de las grandes esperanzas es la próxima puesta en marcha de la ampliación del parking Torroja, que permitirá doblar la actual capacidad, pasando de las actuales 156 plazas a las 356: 200 más. Según las estimaciones que aparecen detalladas en el documento, la actividad supondrá el ingreso de unos 200.000 euros. También se contempla recuperar plazas y tener más recaudación en los parkings Saavedra y el soterrado de la Plaça Imperial Tarraco.
En el uso del transporte público, una de las propuestas que puede generar más rechazo hace referencia a los abonos de la EMT. El objetivo a corto plazo ya es la integración «total» a los títulos de la ATM, lo que implicaría «la desaparición de los abonos multiviaje ordinarios y para empadronados», según indica la propuesta del alcalde, que también detalla que los únicos que se conservarían serían «los de carácter social, como los de los jubilados y los pensionistas». Todo ello supondría unos 228.000 euros.
A nivel global, el alcalde planea también una reducción de la aportación a las empresas en más de un millón de euros, ordenando que perfilen un presupuesto para 2024 que dibuje una rebaja presupuestaria del 5%, y no de un incremento del 7% como estaba previsto.
¿Pleno el 20 de octubre?
Según expresó ayer por la mañana en Tarragona Ràdio la concejal de Serveis Generals, Isabel Mascaró (PSC), el objetivo del gobierno local es aprobar la modificación fiscal «este mes». De hecho, la sesión ordinaria está perfilada para el día 20, pero aún es una incógnita si la posible modificación, en caso de que haya acuerdo, se debatirá ese día o si, en cambio, deberá convocarse otro pleno extraordinario. En todo caso, el Saló de Plens deberá dar el OK a cualquier modificación antes del 31 de octubre, ya que de lo contrario estas no podrían aplicarse en los tributos que deben entrar en vigor a partir del 1 de enero, como son el IBI, los vehículos o la basura. Quedan 27 días, pues, para resolver si 2024 será el año de la quiebra.
