El President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra (JxCat), cumplió el pasado mes de mayo un año como máximo representante del Govern, y Òscar Peris (ERC) celebra hoy 12 meses de su segunda etapa como delegado territorial en el Camp de Tarragona sin que se haya resuelto ni visto la luz ninguno de los principales proyectos que espera la ciudad. Además, las dificultades por aprobar las cuentas de este año significa poner más obstáculos para tirar hacia adelante las asignaturas pendientes de hace años.
A día de hoy, la gran apuesta de la ciudad –y también a nivel territorial– sigue siendo la reforma en profundidad del hospital Joan XXIII. A finales de 2016, el entonces conseller de Salut, Toni Comín (JxSí), anunció que el Pla Estratègic del departamento preveía una inyección de 48,5 millones de euros para reformar el equipamiento tarraconense. Dos años y medio después, de momento, se ha resuelto el concurso de ideas que decidió apostar por la propuesta conjunta de los despachos Sanabria&Planas-Gallego Arquitectos, CDB Arquitectura y Mario Corea Arquitectura para elaborar el proyecto del nuevo centro hospitalario.
Según el primer esbozo, el edificio central del nuevo Hospital Joan XXIII contará con unos 40.000 metros cuadrados de superficie, con siete plantas, dieciséis quirófanos y 245 camas de hospitalización. «El 155 bloqueó la tramitación, pero ahora ya vuelve a estar en marcha. Veremos grúas en la obra en el segundo semestre de 2020», afirma Òscar Peris en la entrevista con el Diari.
De momento, sin embargo, los ciudadanos deberán esperar, como mínimo, un año más para ver obras en un espacio que, en los últimos tiempos, ha visto mejorada la zona de Urgències, la Hemodinàmica y la UCI Pediàtrica. La previsión es que la última fase de la rehabilitación integral pueda estar lista dentro de seis años, en 2025.
Sin novedades en la Residencial
Otro de los grandes déficits que tiene la ciudad es la Ciutat de Repòs i Vacances, un antiguo emplazamiento turístico que cuenta con una superficie de 8,6 hectáreas y que está cerrado desde el 31 de diciembre de 2009. Desde hace meses, Generalitat y Ayuntamiento de Tarragona mantienen serias discrepancias sobre cuál es la administración pública que debe redactar el plan especial para definir los usos de la finca, actualmente calificada en el POUM como de «equipamiento de titularidad pública con uso permitido de ocio».
Recientemente, el Govern ofreció alquilar la Ciutat de Repòs por 480.000 euros al año en la feria inmobiliaria de Barcelona Meeting Point. Pese a ello, el espacio sigue vacía y abandonada. «Hemos recibido interés, ya que es un emplazamiento muy interesante. Ahora debemos definir los usos para que tenga un uso ciudadano», afirma Peris, quien no descarta la participación privada en el futuro proyecto, pese a que «la prioridad es que tenga una utilidad pública», especifica.
¿Y la Ciutat de la Justícia?
La corporación autonómica tampoco ha dado ningún paso con la construcción del Fòrum de la Justícia, previsto en el entorno de Joan XXIII por un valor de 69 millones de euros. Desde la Generalitat se indica que, para poder llevar a cabo la operación, primero deben darse otros pasos que aún no son una realidad y que no permiten poner esta construcción como una prioridad de legislatura.
El primer paso debe ser trasladar el Centre Obert de la antigua prisión a la zona de Joan XXIII. «La liberación del solar de la cárcel nos facilitará disponibilidad financiera para poder asumir el coste de construir un edificio que acoja todos los juzgados y tribunales que le toquen a Tarragona. Y también para que se pueda vender el solar que actualmente ocupa el Palacio de Justicia. Ambas ventas deben permitir poder construir el Foro de la Justicia», afirma Peris, quien lamenta que «las tasas judiciales que se pagan y que gestiona el Estado español no repercuten en la mejora de equipamientos judiciales de Catalunya».
El Palau, sin encaje legal
En materia educativa, el Govern ha iniciado la construcción de la Escola Arrabassada. Las obras empezaron en mayo del año pasado. El nuevo centro se ubicará en un solar de la calle Mercè Rodoreda y el edificio de 3.690 metros cuadrados debería estar listo para tener actividad en septiembre de 2020. En las últimas semanas las actuaciones han sufrido un frenazo que, según Òscar Peris, «no afectan al calendario previsto».
Asimismo, el traspaso del Palau d’Esports también sigue pendiente. Durante el último año tampoco se ha cerrado pese a la voluntad expresada por ambas corporaciones. El equipamiento supuso una inversión de 17,4 millones de euros por parte de la Generalitat. Estaba previsto que el polideportivo pasara a manos municipales tras los Juegos del Mediterráneo de junio de 2018, pero 13 meses después aún no hay acuerdo por diferencias de interpretación jurídica. El delegado del Govern afirma que «ya hay un pacto político» y es optimista sobre las negociaciones que ha iniciado con el nuevo gobierno municipal de Tarragona para desbloquear de una vez una de las grandes patatas calientes que están sobre la mesa.
