El actual mandato municipal es el que ha tenido más actividad «tribunalizada» de los últimos tiempos. El reciente sobreseimiento provisional del desastre del no parking Jaume I y la apertura del juicio oral del caso Inipro –contra los ediles socialistas Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria– son solo algunos de los procesos que han dado pasos importantes a lo largo de una legislatura en la que, desde 2019, los autos y las interlocutorias judiciales han sido más protagonistas que nunca en el día a día de la Plaça de la Font.
«Las imputaciones con fianza son tan graves que cada día que pasa el PSC queda retratado», tuiteaba ayer en relación al caso Inipro el secretario general de ERCen el Camp de Tarragona, Jordi Salvador. Por su parte, la portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, Sandra Ramos, reivindicaba en la tertulia política de Tarragona Ràdio que «todas las causas contra el anterior gobierno municipal han quedado en nada».
En total, durante los últimos tres años se han archivado cuatro casos: el del coaching de Begoña Floria; el de las tarjetas de la EMT; el de la Budellera del exedil Josep Maria Milà (PSC); y –este provisionalmente– el Jaume I. Asimismo, tres siguen abiertos: los 53.000 euros de gastos privados en Espimsa; las facturas abonadas por la Empresa Municipal de Mitjans a entidades, empresas y restaurantes por valor de 800.000 euros; así como el caso Inipro, que llegará a juicio en los próximos meses.
Cuatro sobreseimientos
El primer expediente judicial en quedarse en nada fue el de los 47.625 euros en pagos sin concurso público de Aparcaments Municipals (AMT) a una compañía para formar a empleados. El 1 de febrero de 2021 la juez dictaminó que «no han quedado acreditados» los presuntos delitos que se imputaban a la entonces presidenta de la firma pública, Begoña Floria: prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias. Por ello, cinco años después de que la Fiscalía abriera diligencias, la magistrada dictaba el sobreseimiento de la causa.
Pocos días después –el 26 de febrero–, llegó el cierre de la polémica por los pagos de la tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Transports (EMT). En 2017, Ciutadans –entonces liderado por el ahora socialista Rubén Viñuales– entregó una documentación a la Fiscalía en la que dejaba entrever un uso indebido por parte el entonces gerente, Mario Cortés. Los hechos se remontaban a 2013, cuando se pagaron comidas y cenas en restaurantes y viajes a Madrid, Cádiz, Sevilla, Córdoba, París y San Sebastián, entre otras ciudades. Hace 14 meses, el Juzgado de Instrucción número 6 decidió terminar la investigación y dictar el auto de sobreseimiento de Cortés, que había sido acusado de malversación de caudales públicos.
El tercer caso en caerse fue el de la tramitación del plan de la Budellera, en el que la CUP acusaba al exconcejal de Urbanisme entre 2015 y 2019 –Josep Maria Milà– de prevaricación y tráfico de influencias por su voto en la Junta de Gobierno del 22 de septiembre de 2016 que aprobó inicialmente el proyecto. En su resolución de junio de 2021, la magistrada de la Audiencia Provincial justificó el archivo en la «insuficiencia de indicios» para prorrogar la vía judicial.
Finalmente, el cuarto proceso que ha llegado a su fin es el desastre del no aparcamiento de Jaume I. El pasado mes de marzo, el juez dictó el sobreseimiento provisional al considerar que «no concurren indicios suficientes de que los hechos denunciados (prevaricación y malversación) hayan sido cometidos con los requisitos de los tipos penales por los que se formula la denuncia». Por ello, y a la espera de la prescripción, la obra que debía costar 3,9 millones pero que se disparó hasta los 25 no comportará consecuencias de índole penal a los responsables.
El ‘viacrucis’ de Espimsa
Paralelamente, aún quedan tres expedientes abiertos en los juzgados. El primero es el viacrucis que está viviendo la empresa de Mercats, tras detectar más de 53.000 euros en gastos privados de gasolina pagados durante años con dinero público. Por ello, la compañía presidida por Dídac Nadal (Junts per Tarragona) interpuso hace un año una querella contra el exgerente, en un proceso penal que aún está en instrucción. Asimismo, los hechos derivaron también en el despido y la posterior denuncia de otro alto mando, que solicitaba una indemnización de 315.000 euros que no fue concedido por el juzgado de primera instancia. Ahora está en el TSJC.
Por otro lado, en Tarragona Ràdio también hay movimientos. El pasado otoño, el consejo de administración de la Empresa de Mitjans decidió entregar al fiscal un informe con 238 facturas abonadas por un valor global de 800.000 euros entre 2009 y 2019 a entidades, empresas y restaurantes por actividades que se consideran «ajenas a la compañía» y que la presidenta de la empresa, Paula Varas (ERC), definió como de «subvenciones encubiertas y pagos fantasma o injustificados».
Finalmente, la pasada semana se hizo público el auto que envía a Ballesteros y Floria a juicio por Inipro, a la vez que el magistrado exigía «en diez días» una fianza solidaria de 367.290 euros a cubrir entre los nueve acusados del caso de presunta financiación ilegal del PSC. A poco más de un año para las próximas elecciones municipales, la gran duda a día de hoy es confirmar si la vista oral del caso más mediático de la historia política de la ciudad se llevará a cabo antes o después de la cita con las urnas de mayo de 2023. Ya se aceptan quinielas. ¿Apuestan?
