Inés Solé, concejala de Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona, es contundente: «Queremos poner de manifiesto nuestro enfado y descontento con la forma como la Generalitat ha tratado el problema del sinhogarismo. Nos ha incorporado a los jóvenes del proyecto 360º de malas maneras y sin darnos las herramientas humanas y económicas... Nos han abandonado», sentencia.
Solé se refiere al programa piloto Sostre 360º, que se desarrolló en la ciudad desde enero de 2021 hasta el 30 de septiembre del año pasado. El objetivo del programa, financiado por la Generalitat con una aportación de la Fundació La Caixa y gestionado por la Fundación Eveho, era ofrecer acompañamiento integral a una treintena de jóvenes extutelados y sin hogar de la ciudad. A través del programa se les daba asesoría legal y se les ayudaba a encontrar empleo y vivienda. Se ocupaban, además, de promover el vínculo con la comunidad. En la ciudad se incluyó a 30 jóvenes.
Una vez terminado el proyecto, la Generalitat de Catalunya decidió que a los jóvenes se les atendería desde los servicios sociales municipales con una dotación «mucho menor que cuando el programa corría a cargo de una fundación, lo que nos está obligando a buscar recursos debajo de las piedras, y lo vamos a seguir haciendo», señala Solé.
Consultados al respecto, desde el departamento de Drets Socials explican que el proyecto Sostre 360° «se diseñó como un proyecto piloto en un contexto de excepcionalidad marcado por la covid-19. Esta excepcionalidad se traducía en una dotación presupuestaria igualmente excepcional».
Reconocen que en el 2021 se hizo «la reflexión sobre si se tiene que continuar con este formato o se tiene que repensar de acuerdo con el contexto postcovid y se decide reconducir el proyecto, de forma que las actuaciones quedan enmarcadas dentro del contrato programa de servicios sociales 2022-2025 y, en concreto, dentro de una nueva ficha dedicada a la atención al sinhogarismo».
El contrato programa es el acuerdo mediante el cual se financian los servicios sociales básicos, que gestionan los entes locales (ayuntamientos, consejos comarcales...). La clave está en que en estos programas la Generalitat aporta 2/3 de la financiación y los entes locales tienen que hacerse cargo de 1/3.
Desde Drets Socials defienden además que en el nuevo contrato programa, que abarca los años 2022- 2025, «incluye por primera vez financiación específica y estable para la atención al sinhogarismo».
Tanto la concejal como los profesionales del IMSST consultados explican que no se trata solo de que la financiación es a todas luces insuficiente, sino de que la Generalitat se ha desentendido de otra de las promesas que hizo cuando les traspasó la responsabilidad: el compromiso de ofrecer a estos jóvenes una vivienda a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La Generalitat alega que el programa respondía a una situación excepcional por la Covid
Desde la Agència responden que tienen distintos programas destinados a atender las necesidades de las personas sin hogar y que «en este caso concreto, en Tarragona, desde el mes de octubre de 2022 el Ayuntamiento asumió la gestión del programa Sostre 360º y, hasta el momento la agencia ha puesto a disposición dos viviendas de las cuales subvencionaremos los costes del alquiler».
Pero Inés Solé asegura que «esta información actualmente, a efectos prácticos, no es real. De hecho, ojalá sea real, si es así bienvenida sea». Apunta que desde la Generlaitat ya le han anunciado su intención de no hacerse cargo de la vivienda de estos jóvenes.
Lamenta, además, que los recursos destinados al sinhogarismo están ligados a los fondos Next Generation y «nadie sabe cómo se gestionarán y si perdurarán en el tiempo».
Más de un centenar de jóvenes
Pese a que la queja se centra en los usuarios del programa Sostre 360º, desde el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, IMSST, explican que la atención que ofrecen a jóvenes sin hogar no se circunscribe solo a los que participaban en el programa, que al fin y al cabo solo atendía a una pequeña parte de los que viven en la ciudad.
Explican que, de hecho, algunos de los jóvenes que participaron en el programa consiguieron estabilizar su situación aunque sin dejar de estar en una situación precaria y otros se marcharon de la ciudad. De los 30 del programa, 17 han pasado al IMSST.
Pero Antonia García, coordinadora del programa de ciutat del IMSST, explica que no hay que perder de vista que actualmente atienden a unos 140 jóvenes. Se trata mayoritariamente (pero no exclusivamente) de jóvenes migrantes que llegaron solos a España y que no tienen su situación legal regularizada ni un sitio estable donde vivir.
Explica García que si bien es cierto que la llegada de estos perfiles se ha frenado y no tiene nada que ver con las cifras que se vieron en 2019, hay jóvenes que siguen en la ciudad y a ellos se van sumando los que por edad ya no se encuentran dentro del sistema de protección a la infancia y adolescencia.
Uno de los grandes inconveniente suele ser la falta de documentación (algunos llegaron sin ninguna), lo que les impide no solo trabajar, sino también estudiar. En muchos casos cumplen la mayoría de edad sin haber resuelto el problema legal.
A los servicios sociales municipales no solo le supone una cantidad de trabajo ingente realizar estos trámites, sino que el hecho de que no tengan documentación también condiciona a la hora de tramitar ayudas o servicios.
Esto sin contar las dificultades propias de un colectivo vulnerable que vive en la calle y al que muchas veces les cuesta comprometerse con un plan de trabajo. A esto se suma el hecho de estar solos, sin referencias familiares y, en algunos casos, dificultades en la inserción social, problemas de salud mental y adicciones.
Con todo, también hay casos de éxito entre los jóvenes no acompañados que cumplen la mayoría de edad. El gerente del IMSST, Josep Miquel Beltran, pone el ejemplo de los participantes del programa conjunto del Sevei d’Ocupació de Catalunya y el Ayuntamiento. A una decena de jóvenes (alguno estaba viviendo en la calle) se les ofreció trabajo en los centros cívicos de la ciudad durante un año. Con ello no solo consiguieron independizarse y vivir por su cuenta, sino que regularizaron su situación legal y ganaron un año de experiencia de trabajo que de otra forma les sería muy difícil de conseguir.
«Al final, si hablas con ellos, te das cuenta de que todos anhelan lo mismo: trabajar y ayudar a su familia», resume García.